Procuraduría mantiene la lupa sobre el contrato de alumbrado público de Santa Marta

El organismo de control aseguró que la respuesta entregada por la administración distrital no resolvió las dudas sobre la estructuración y ejecución contractual del servicio, ni sobre el manejo de los recursos provenientes del impuesto de alumbrado público.

La Procuraduría General de la Nación volvió a requerir a la Alcaldía de Santa Marta para que entregue información “clara, puntual y con soportes verificables” sobre los hallazgos detectados en la estructuración y ejecución contractual del servicio de alumbrado público, luego de considerar insuficientes las explicaciones remitidas por la administración distrital el pasado 4 de junio.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público indicó que esta es la segunda solicitud formal dirigida al Distrito, al advertir que la respuesta entregada no despejó las inquietudes de fondo relacionadas con el uso de los recursos.

Entre los aspectos que generan preocupación para el organismo de control figuran el posible incumplimiento de las restricciones electorales durante la ejecución contractual y las modificaciones realizadas al objeto original de la Concesión 002 de 2000, situaciones sobre las cuales solicitó explicaciones jurídicas, técnicas y documentales.

La Procuraduría también requirió información detallada sobre la destinación de los recursos recaudados mediante el impuesto de alumbrado público, la delimitación de responsabilidades entre los operadores, administradores y prestadores del servicio, así como el avance en la implementación de las facultades otorgadas por el Concejo Distrital de Santa Marta para reorganizar la prestación del alumbrado público.

El ente de control enfatizó que las respuestas generales no satisfacen las exigencias del proceso de vigilancia preventiva y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer de qué manera han sido contratados, administrados y ejecutados los recursos públicos destinados a financiar este servicio esencial.

Finalmente, la Procuraduría anunció que mantendrá un seguimiento riguroso al caso y advirtió que, de no recibir aclaraciones completas y debidamente soportadas, la actuación podría escalar a una evaluación más profunda. Según el organismo, la transparencia en el manejo de estos recursos resulta fundamental, debido a que el servicio de alumbrado público tiene un impacto directo sobre la seguridad, la continuidad del servicio y la calidad de vida de los habitantes de Santa Marta.