Ciénaga: todos quieren estar, pero no todos hacen falta

Los bandos del Concejo compiten por demostrar cuánto valen sus votos para la administración. Pedro Pueblo necesita saber cuánto valen esas decisiones para Ciénaga: qué resuelven, cuánto comprometen y quién paga.

Por Víctor Rodríguez Fajardo – Opinión Caribe

En el Concejo cuzungo, la pelea viene cargada de derechos fundamentales, firmas, comisiones y reclamos de participación. Los honorables discuten su lugar en las decisiones. Desde la calle, Pedro Pueblo tiene otra pregunta: ¿y Ciénaga qué gana con lo que están tramitando?

La controversia enfrenta al presidente de la corporación, Rodrigo Auque Diazgranados, con los vicepresidentes Giselle Lafaurie y Orlando de la Rosa. En un escrito de tutela fechado el 15 de septiembre de 2026, estos últimos cuestionan el procedimiento seguido para estudiar seis proyectos del alcalde Luis Fernández Quinto y solicitan suspender provisionalmente las sesiones relacionadas con ellos.

Denuncian presuntas irregularidades en la elaboración y publicación del orden del día, la conformación de las comisiones accidentales y sus oportunidades de intervenir. El documento relaciona otros seis concejales. Ocho nombres alrededor de un reclamo no acreditan ocho votos unidos, ni permiten adjudicarle automáticamente los demás a Auque.

La lectura parroquial es conocida: todos quieren estar con la administración, pero el alcalde puede completar una mayoría sin necesitarlos a todos. Con los 17 concejales presentes, nueve votos bastan bajo la regla ordinaria, salvo decisiones sujetas a mayorías especiales. Ley 136 de 1994, artículos 29 y 30.

Ahí aprieta la supervivencia política. Para Auque, conducir el trámite puede fortalecer su posición ante el mandatario. Para quienes lo cuestionan, frenarlo puede recuperarles espacio sin cerrar la puerta a respaldar después las iniciativas. Cada bando necesita demostrarle al hermano de Angelito que sus votos hacen falta. El riesgo es que complete la cuenta con otros.

Pero una cosa es ese cálculo y otra el ordenamiento que obliga a todos. El artículo 67 del reglamento, aportado como anexo, exige que el orden del día sea elaborado por la mesa directiva, lleve las firmas correspondientes y se publique con la anticipación prevista. Las comisiones también deben conformarse respetando las competencias legales y reglamentarias.

Una mayoría no puede pasarse el reglamento por la faja. Y un reclamo no pierde validez porque su promotor también esté haciendo cuentas políticas.

Hasta ahí, los derechos de los honorables. Falta mirar qué decisiones están tomando en nombre de los cienagueros.

Hay descripciones públicas de los seis asuntos: sociedades de economía mixta para alumbrado público y tratamiento de residuos; facultades para reorganizar la administración y su planta de personal; cambios en subsidios y contribuciones de acueducto, alcantarillado y aseo; actualización del estatuto orgánico del presupuesto; y autorización para enajenar inmuebles con finalidades agropecuarias y de recuperación de sitios sagrados indígenas. Relación publicada de las iniciativas.

Los enunciados se conocen. Sus alcances y soportes todavía no están contrastados en esta nota. La discusión pendiente cabe en tres cuentas que Pedro Pueblo entiende.

La primera es la del Plan de Desarrollo. La administración debe mostrar dónde encaja cada propuesta, qué compromiso cumple y por qué merece prioridad. Invocar el desarrollo de Ciénaga no explica cómo se consigue.

La segunda es la de la plata y el patrimonio. Cuando haya gastos, aportes, disposición de bienes o compromisos futuros, deben quedar claras las fuentes, las condiciones y los riesgos. El municipio necesita saber cuánto entrega hoy y qué obligaciones les deja a quienes vienen después.

La tercera es la del beneficio concreto. Mejor alumbrado, manejo de residuos, servicios o capacidad administrativa deben traducirse en resultados verificables. Aprobar una sociedad o conceder facultades es apenas autorizar un camino; falta explicar adónde lleva.

También corresponde justificar por qué tramitar estas iniciativas ahora. La llegada del cierre fiscal no convierte por sí sola una propuesta en necesaria, y ejecutar presupuesto no basta para demostrar que se está gobernando bien.

Mientras cada sector intenta hacerse indispensable para el alcalde, esta tribuna exige que explique por qué esos proyectos son necesarios para Ciénaga. La obligación alcanza a quienes los impulsan y a quienes cuestionan el procedimiento: ambos deben mostrar qué han estudiado y qué defienden de su contenido.

Que cada bando haga sus cuentas. Esta tribuna hará las de Ciénaga: cuánto pone, qué recibe y qué queda debiendo.