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Corte Suprema de Justicia confirma condena contra exgobernador del Magdalena
La Sala de Casación Penal ratificó la sentencia de 15 años de prisión contra Francisco José Infante Vergara, hallado responsable de por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Por: Arnol Sarmiento
En un fallo de segunda instancia proferido el 21 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Francisco José Infante Vergara, quien se desempeñó como gobernador encargado del departamento del Magdalena durante el segundo semestre de 2007.
El exmandatario fue hallado responsable como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con el contrato número 372 del 19 de noviembre de 2007, suscrito con la IPS Eidys Campo Laboratorio Clínico por $443.850.000. El contrato tenía como objetivo realizar tamizajes de VIH y capacitaciones preventivas a 4.000 personas de escasos recursos en el departamento.
La Corte determinó que el proceso estuvo marcado por múltiples irregularidades: ausencia de estudios técnicos y financieros previos, inexistencia de ofertas legales —la IPS seleccionada fue la única considerada y no estaba registrada ante el Ministerio de Salud—, incapacidad técnica de la contratista y falta de ejecución del contrato, pese a que fue liquidado y declarado a “paz y salvo” el 26 de diciembre de 2007.
La Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, rechazó los argumentos de la defensa, que alegaban error de tipo o actuación bajo el principio de confianza en sus subalternos. La Corte concluyó que Infante Vergara actuó con dolo, al dirigir directamente el trámite y liquidar el contrato a sabiendas de que no se había ejecutado.
El fallo impone al exgobernador 180 meses y 6 días de prisión (15 años) y el pago de $2.589.393.436 en indemnizaciones al departamento del Magdalena, desglosadas en $971.342.793 por daño emergente y $1.618.050.643 por lucro cesante, además de más de $129 millones por agencias en derecho. Contra esta decisión de segunda instancia no procede recurso alguno, quedando la condena en firme.
