La comunidad es primero – Por: Rubén Darío Ceballos

Requiere el departamento del Magdalena su más grande renovación posible en su vida pública, un uso racional del erario, mayor inversión social, obras de infraestructura, definir superiores y diferentes entornos económicos en beneficio colectivo, implementar una drástica cortapisa a las dilapidaciones presupuestales, profundizar en democracia, generar consenso en torno del fortalecimiento de los fondos públicos, aupar salud, productividad, competitividad, educación, ambiente, vivienda y saneamiento básico, entre otros generales y puntuales aspectos, de tal manera que se entre a privilegiar en realidad y verdad el interés general sobre el particular, al tiempo que se definan políticas públicas que apunten con certeza a hacer posible lo necesario.

De la misma manera requiere el departamento la creación de escenarios internos de organización diseñados para representar a la ciudadanía y que beneficien la buena marcha de las administraciones locales, evitando así mayores costos políticos y permitiendo un efectivo acercamiento con la comunidad. De otra parte, optar por que el dinero público tenga mejores destinos y tienda su utilización a superar las falencias muchas que arropan a la comunidad con lo cual cumplir mayormente con los fundamentos esenciales de la democracia.

Esas generales razones, además de otras muchas, llevan a considerar que cualquier esfuerzo por racionalizar el gasto público en momentos no muy buenos para nuestra economía y de incertidumbre en la economía internacional son válidos, por lo que deben pasar necesariamente por revisar a fondo lo mucho y bastante que nos cuestan las dilapidaciones a todos los niveles, debiéndose eliminar lo cual de manera definitiva, toda vez que resulta un gasto elevado e inoficioso que requiere de voluntad y decisión política, más cuando sabemos que ello, los malos manejos, redundan en beneficio de otros en claro detrimento de las economías locales y en perjuicio de la comunidad en general.

Es necesario a todas luces un empuje importante de la sociedad civil para exigirle a la clase política que cauterice esas venas abiertas y se someta la administración pública en general al más riguroso mecanismos de rendición de cuentas para tranquilidad de la ciudadanía, desesperada por los rumbos o mejor cambios de bolsillos que cogen los recursos del Estado sin ningún provecho real para las comunidades, que deben ser las receptoras directas de los mismos.