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Denuncias

Amenazas fantasmas

Opinión Caribe

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La mayoría de intimidaciones a maestros son falsas, aseguran Fiscalía y Secretaría de Educación

En cuanto a las denuncias que hacen algunos maestros del departamento del Magdalena, en donde expresan que son amenazados por la labor que desempeñan, la autoridad fiscal fue explícita en decir que muchas de estas querellas están sin sustento y la gran mayoría de los docentes resultan desistiendo de tal investigación. Sin embargo, hay casos en donde las amenazas son ciertas por lo que se procede conforme a la Ley a salvaguardar la vida de los docentes.

Después de que OPINIÓN CARIBE hiciera un recorrido por el corregimiento de Bocas de Aracataca, en el municipio de Pueblo Viejo y encontrara que en la escuela de esta población no hay maestros, porque estos habrían sido amenazados, para que abandonaran el territorio, se decidió investigar qué tantos docentes están amenazados en el departamento del Magdalena y si son o no reales tales intimidaciones.

Inicialmente se consultó a la Secretaría de Educación del Departamento, quien dio a conocer que muchas de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en cuanto a amenazas de docentes resultan sin asidero, es decir, ‘chimbas’, como lo llamó el jefe de la cartera de Educación, Antonio Matera Ramos, quien asegura que es una excusa para ser trasladados de sede o Institución Educativa, toda vez que están en veredas, corregimientos alejados o zonas de difícil acceso.

“Esto es una desafortunada práctica que cada vez es menor, antes era excesiva. Cuando la Unidad Nacional de Protección en conjunto con la Fiscalía definen que la amenaza no existió o que no existe un riesgo extraordinario, nos notifican, entonces nosotros devolvemos al docente a donde se encontraba y debe obligatoriamente regresar”, puntualizó Matera Ramos.

Al respecto, la Fiscalía 36 de Unidad de Vida seccional Magdalena, informó que hasta la fecha se adelantan las investigaciones acerca de todas las amenazas reportadas en contra de los docentes, de las cuales no hay resultados positivos que permitan individualizara los autores de las intimidaciones. Indican que teniendo en cuenta los informes de los investigadores, se concluye que tales amenazas están encaminadas a intenciones de traslados por parte de los educadores.

La proposición del Secretario de Educación del Departamento es que la Fiscalía General de la Nación tome medidas en contra de aquellos docentes en los que se determine hubo amenaza autoinfringida o falsa, para así acabar con esa mala práctica.

“La Fiscalía inicia un proceso por falsa denuncia en contra de aquellos docentes que se autoamenacen, solo si existen casos de autodenuncia o de denuncias falsas, porque a nosotros nos llega de parte de la Unidad Nacional de Protección una calificación de riesgo y simplemente dice: el riesgo es ordinario, no nos dice si es así porque la amenaza desapareció o si era ordinario porque no era real o por ejemplo si fue una broma invento del docente. Nosotros no lo sabemos entonces la Fiscalía cuando encuentra esas irregularidades debe iniciar un proceso judicial en su contra”, denunció Matera Ramos.

De esta manera la Fiscalía 36, anunció que ningún desistimiento de la denuncia por amenazas da lugar a que el proceso termine, los investigadores están en la obligación de indagar si estas tuvieron o no ocurrencia y de no ser así deben informar, para compulsar copias y se investigue a la persona por falsa denuncia. “Es necesario dejar claro a los docentes o cualquier líder de Derechos Humanos que no se estén inventando amenazas, porque no se puede poner al aparato judicial a trabajar sobre algo falso”, apuntó el fiscal consultado.

Con respecto a la docente que fue amenazada en el corregimiento de Bocas de Aracataca y por lo cual los niños en dicha población están sin recibir clases, el Secretario de Educación Departamental dijo, “al rector de la Institución de Pueblo Viejo, que es la que tiene sede en Bocas, no le ha sido posible designar el docente en el corregimiento, en ese caso lo que toca es poner a alguien de la comunidad que sea maestro y ya está en proceso de nombramiento”.

Añadió que corresponde a una persona de la misma población de Bocas, debido a que la gente de Pueblo Viejo se niega a asistir al corregimiento, por aquello de la distancia y otros factores.

AMENAZAS A DOCENTES

Según información suministrada por la Secretaría de Educación del Magdalena, hasta el 31 de diciembre de 2015, las estadísticas revelan que 3 docentes del Magdalena, fueron amenazados y están fuera del país, “eso corresponde a casos muy viejos en la época de la violencia paramilitar. En ese entonces unos 15 docentes salieron del país y consiguieron asilo político en otros países, la mayoría en Canadá. Esos docentes luego de normalizado el tema de las AUC, han ido regresando al país”, explicó el Funcionario.

Agregó el jefe de Cartera que los docentes que han regresado a Colombia se vinculan a otras entidades territoriales como Bogotá, Medellín y Barranquilla, “no se han atrevido a volver al Magdalena, algunos han retornado, pero cabe resaltar que aún hay 3 docentes que no han vuelto. En el caso de esos profesores el Decreto 1782, por el cual se reglamentan los traslados por razones de seguridad de educadores oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación, establece que ellos tienen la opción de volver a cualquier parte del país y se les incorpora. O si definitivamente no quieren regresar, tienen que renunciar a su cargo como docente”, indicó.

“Existe un Decreto que salió el año pasado, donde se les da un ultimátum, a esos tres docentes del Magdalena que en la actualidad no han definido su situación, es decir, que no han regresado al país y tampoco han renunciado, a esos educadores se le inició un proceso para decretar la vacancia definitiva de su cargo puesto que no se acogieron a ninguna de las dos opciones que establece el Decreto”, explicó Matera Ramos.

Precisó que hay 9 maestros vinculados con otras Entidades Territoriales, pero que pertenecen a la planta de carga de la Secretaría de Educación del Magdalena, cinco de ellos están Santa Marta, uno en el Atlántico, uno en Sucre, uno en Valledupar y de igual forma uno en Barranquilla.

“Con estos maestros se hace un convenio con la Entidad Territorial donde están y se normaliza su situación. Hace dos años eran 45 los que estaban en nuestra planta ocupando un cargo, pero que laboraban en otra ciudad. Hoy son sólo 9 y son casos que se están resolviendo con las entidades territoriales donde se encuentran, para legalizar la situación de ellos y así queden adscritos legalmente en la entidad territorial donde están laborando”, explicó.

Los docentes no dejan de recibir su comisión salarial, “no pueden dejar de hacerlo porque sería a través de la presión del salario obligarlos a regresar a un lugar donde según ellos se encuentran en situación de riesgo y los casos aún siguen en investigación. Sobre estos casos aún la Unidad de Protección no ha definido el riesgo, una vez se verifique la veracidad y se determine que los docentes sí fueron amenazados y están en riesgo, se le ordena a la Entidad Territorial donde está para que haga un convenio con nosotros y asuma en su nómina el pago de ese docente”, explicó el Jefe de la cartera de Educación.

Las estadísticas entregadas por la Secretaría de Educación del Magdalena, indican que en el Magdalena hay 26 docentes amenazados, los cuales están dentro del Departamento, pero reubicados en municipios distintos a donde recibieron la amenaza, obedeciendo el Decreto 1782, el cual obliga a la Entidad Territorial a que, en un término de tres días, el docente sea trasladado, primero debe ser reubicado y luego la Fiscalía deberá investigar si la amenaza es real o no.

“A pesar de que salen casos ‘chimbos’, no podemos pensar que todos son de esa denominación y poner en riesgo la vida de los docentes que están amenazados, entonces se hace un traslado al interior del Departamento. Por ejemplo, si está en Plato lo movemos a Pueblo Viejo o a Sitionuevo, una vez la Unidad Nacional de Protección, define que el riesgo es extraordinario entonces el docente tiene derecho a ser trasladado a otra Entidad Territorial, sino debe regresar”, aseveró Antonio Matera.

Hay 13 casos diferentes a los 26 que están en estudios, “estos 13 ya fueron estudiados y la UNP, que consideró que el riesgo es ordinario, es decir, que no existía una amenaza que justificara el traslado del docente, en esos casos la Secretaría procede a revocar el traslado temporal al que el docente tiene derecho”, puntualizó

FISCALÍA 36 ENCARGADA DE RECIBIR DENUNCIAS POR AMENAZAS

La Fiscalía tiene la titularidad y le corresponde adelantar las investigaciones correspondientes a los maestros amenazados.

“En el caso y para lo que nos ocupa, el tema específico de amenazas, las denuncias de los docentes se instauraron en diferentes despachos, por lo que el abordaje de estas investigaciones es complejo. Con el nuevo modelo de investigación que implementó la Fiscalía General de la Nación se toma la determinación que a través del director seccional de Fiscalías del Magdalena, se asignara un solo despacho que conociera la totalidad de las amenazas, no solo de maestros sino de líderes y lideresas de Derechos Humanos, lo cual se cumplió a través de la Resolución 0263 del 31 de diciembre del año 2014; fue así como la Fiscalía 36, asumió este tipo de actividades e investigaciones”, precisó el fiscal consultado quien agregó que se trabajó con cada despacho en los distintos municipios del Magdalena para que enviaran las carpetas a la Fiscalía 36, y así estudiar todos los casos de amenazas, y determinar si en efecto cumplían con los requisitos establecidos en la Resolución.

El ente judicial aseguró que encontraron denuncias por amenazas de diferentes épocas las cuales fueron investigadas de manera aislada.

“Al traerlo a la Fiscalía y que todo quedara focalizado, nos encontramos con muchas denuncias donde los docentes manifestaban una y otra vez los mismos hechos, fue así que se dio paso a asociar esas actuaciones y emitir programas metodológicos, toda vez que el trabajo era amplio, uno de ellos fue la asignación de la Policía Judicial del CTI y la Sijín para dar con las amenazas a líderes y lideresas de Derechos Humanos”, manifestó el ente judicial.

EL HALLAZGO

Se determinó que los abonados telefónicos, desde donde presuntamente se hacían las amenazas a los docentes, eran de sim card sin propietarios y que ya no existen, lo que dificulta la individualización de los autores, y la veracidad de las intimidaciones.

Por otra parte aseguró el fiscal consultado que al momento de entrevistar a los docentes, algunos manifiestan no estar recibiendo amenazas y que con el traslado pueden continuar con su labor. Ahí queda la investigación y algunos docentes desisten de la denuncia.

Según las declaraciones del ente judicial a OPINIÓN CARIBE, y para dar claridad del tema, las denuncias de amenazas no se podrían cancelar y tampoco son desistibles porque no obedecen a delitos querellables, “creeríamos que van a tener que incluirse dentro de los querellables, porque eso limita a los delitos de esta naturaleza y da lugar a archivarlo y darle una determinación”, apuntó el fiscal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Con respecto a las medidas de protección, según la Fiscalía 36 se hace una solicitud a la Unidad Nacional de Protección, UNP. Preventivamente se le notifica al Comando de Policía, para que direccione ciertas actividades, como visitas a estas personas y de alguna u otra manera se brinden tales medidas.

“Uno sabe que estas acciones no son completamente eficaces, porque en este país más de medio ciudadanía está amenazada y la otra media a punto de estarlo, entonces no hay la capacidad operativa de la Policía para designar un hombre a cada ciudadano”, aseveró el ente judicial.

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