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El riesgo fiscal del Magdalena

Opinión Caribe

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Sector salud, el más crítico seguido de la atención infantil

La deuda pública que tienen algunos municipios sin solvencia económica, afecta la calidad de vida de la población, sumergida en la pobreza multidimensional.

En el transcurso de 2016, la Contraloría General del Magdalena detectó 28 hallazgos fiscales por 4.535 millones de pesos. Los sectores que más presentan detrimentos patrimoniales son: salud, con una deuda que asciende a 16.100 millones de pesos; los entes territoriales con 478 millones de pesos; entidades territoriales regulares, 710 millones de pesos; la contratación, 2.576 millones de pesos, entre otros.

Estos resultados se demuestran en más de 78 auditorías adelantadas por la Contraloría General del Magdalena, en los municipios que generaron mayores denuncias; Ciénaga es el primero con ocho; Plato,segundo con siete; El Banco, tercero con seis; Ariguaní, el cuarto con cinco; y Santa Bárbara de Pinto con cinco.

Si bien es cierto que algunos municipios se encuentran inmersos en deudas internas, otros tienen un comportamiento de liquidez favorable como Fundación, Zapayan, Sitionuevo, El Banco, San Zenón, El Piñón, Pedraza, San Sebastián, Remolino, Tenerife, Ariguaní, Pueblo Viejo, Aracataca y Guamal.

Los municipios con liquidez desfavorable son: Ciénaga, Zona Bananera, El Retén, Algarrobo, Cerro San Antonio, Chibolo, Concordia, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Pivijay, Plato, Sabanas de San Ángel, Salamina, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto. Esta insolvencia se refleja en la calidad de vida de los habitantes de estos entes territoriales, donde existen altos índices de pobreza multidimensional.

“En promedio de razón de liquidez de los últimos 4 años muestra un comportamiento de liquidez favorable en algunos municipios; mientras que en los demás como desfavorable, seguiremos adelantando auditorías que nos permitan esclarecer varias denuncias que tenemos”, dijo el contralor en el Magdalena, Ricardo Salinas.

La deuda pública del Magdalena asciende a $71.745 millones, pero, en comparación con el 2015, disminuyó un 39 %, equivalente a $45.128 millones, producto de haber cancelado sus obligaciones Aguas del Magdalena y el municipio de Plato. El total del compromiso, le corresponde a la Gobernación el 32 %; mientras que a los municipios de Puebloviejo, Pedraza y San Zenón le pertenece a cada uno el 3 %; Ariguaní y a Sitionuevo el 4 % para cada uno; Zona Bananera y Nueva Granada el 5 % respectivamente; El Banco 6 %; Santa Ana 7 %; a Ciénaga 9 %.

SALUD EN RIESGO FISCAL

Los hospitales del Magdalena son sometidos a un permanente desgaste, por tratar de cumplir una serie de exigentes requisitos y parámetros para el saneamiento de sus finanzas.

La Resolución 2090 de 2014 emanada por el Ministerio de Salud y Protección, categorizó en riesgo medio y alto, la mayoría de centros de atención del departamento, y para que salieran de este estado y entraran a recuperarse, deben adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

Catorce hospitales del Magdalena no han podido superar la debilidad administrativa y financiera que tienen desde el 2012 para lograr un equilibrio que les permita superar el riesgo fiscal, categorizados en riesgo alto por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Las entidades públicas de salud que se encuentran en riesgo alto son la ESE hospital ‘Luisa Santiaga Márquez Iguarán’ en Aracataca; hospital Local Cerro de San Antonio; hospital Local de Concordia; hospital La Candelaria en El Banco; hospital local San Pedro de El Piñón; hospital local Pijiño del Carmen; hospital Santander Herrera de Pivijay; hospital Local de Remolino; hospital ‘Rafael Paba Manjarrés’ de San Sebastián de Buenavista; hospital Local de San Zenón; y hospital Nuestra Señora Santa Ana.

Desde el año 2012, se ha venido planeando la posible intervención o liquidación de muchos centros hospitalarios, hecho que sería de una repercusión negativa, no solo para el desarrollo de las entidades territoriales, sino para la población usuaria de los servicios, cuya atención se vería avocada a una serie de traumatismos, afectando a la población vulnerable, que es la que acude a las Empresas Sociales del Estado.

PROCESO FISCAL POR $1.206 MILLONES

Producto de los hallazgos hechos por la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena, se dio apertura a un Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal por $1.206 millones en la Capital del Departamento.
Los hechos objeto de investigación están relacionados con deficiencias en la planeación para la contratación del PAE, mayores valores en el precio de la ración desayuno y almuerzo, respecto a los precios pagados por el Ministerio de Educación Nacional en las mismas vigencias y al mismo contratista Asoalimentarce.

El Distrito suscribió con la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce, el Convenio de Asociación No. 001 de 2014, para la operación del PAE. Las raciones contratadas por la Alcaldía correspondían a desayunos por $1.403 y almuerzos por $2.072, mientras que el Ministerio de Educación Nacional, pagó al operador la suma de $943 para desayuno y $1.282 por ración de almuerzo; generándose un valor mayor pagado por ración de $460 y $790 respectivamente.

Cabe destacar, que Asoalimentarce también fue contratista en el departamento de La Guajira a través de tres consorcios que hacían las veces de operadores en la Gobernación de este; consorcios que tuvieron como representantes legales a Ivis del Carmen Rosado Robles y María Angélica Araujo Noguera.

VÍA DE LA PROSPERIDAD

La auditoría adelantada por la Contraloría General al proyecto Vía de La Prosperidad estableció tres hallazgos con presunta incidencia disciplinaria: el primero, por la falta de planeación, que incluye la desactualización de estudios y diseños, la reducción que se ha dado en el alcance físico de las obras y la afectación presupuestal que han significado los mayores costos en el ítem de transporte de materiales.
El segundo por la falta de estudios previos correctamente estructurados por parte del Invías; el tercero por fallas en la supervisión del contrato por parte del gestor técnico del proyecto. Por lo anterior, existe incertidumbre sobre la terminación del proyecto, con la ocurrencia de estos sobrecostos por 32 mil millones de pesos: de 52 kilómetros que se estimaban construir, sólo se llevarían a cabo 27.

Es importante recordar que el 08 de diciembre de 2016, la Gobernación del Magdalena abrió un proceso administrativo sancionatorio contra el Consorcio Ribera a cargo de la Vía de la Prosperidad donde exigía una revisión inmediata del costo de transporte de material requerido para el proyecto y el cumplimiento en el cronograma de las obras que se encuentran suspendidas.

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