Líos de tierras, enfrentan a cienagueros

La Ley de Víctimas y Restitución de tierras no contempló qué hacer con familias que hoy habitan predios abandonados y despojados, y no tienen relación con actores armados ilegales, testaferros o compradores de mala fe. Muchas de ellas son tan pobres como los reclamantes; otras, estuvieron al cuidado de los predios mientras los reclamantes los dejaron.

En Ciénaga, Magdalena, en el corregimiento de Cordobita, campesinos y dueños de tierra se enfrentan por un predio que tiene cerca de treinta hectáreas, que inicialmente perteneció a la familia Gargioli, según declaraciones de su apoderado que hoy lidera ante la Unidad de Restitución de Tierras el proceso de reclamación de los predios.

LA HISTORIA

En el año 2009, un día de enero asesinaron al señor Francisco Gargioli, quien era propietario de la Finca Villa del Rosario y administraba simultáneamente la finca Yolamira también propiedad de la familia Gargioli así como la finca San Judas.

Después del asesinato, la familia decidió entregar con un contrato a un tercero para que administrara las tierras, posteriormente se cambió al cuidador y desde el año 2009 hasta hoy varias familias decidieron vivir en dichos predios bajo diferentes circunstancias y reclaman la posesión de dichas tierras por haber vivido en ellas.

“Hoy, cuando uno visita estos predios dicen que esas personas no las trajeron, que los que ellos habían traído ya se fueron, que estos son otros, en fin, no reconocemos a estas personas como naturalmente poseedores, algunos demuestran que no están de buena fe”, expresó Jaider Antonio Rodríguez Obispo, abogado de la familia reclamante.

De acuerdo con sus declaraciones durante una visita del Incoder para agotar una etapa del proceso que se llama verificación y clarificación del lindero de la finca San Judas, varios de los ocupantes se opusieron con groserías.

“Hubo que esperar a que viniera el abogado, para que nos diera un permiso, como si esos predios fueran una república independiente, no nos dejan entrar a ese lugar, por tanto y adicional a todos los señores que están ahí, el señor Vengoechea, un vecino, también sale a reclamar los predios”, indicó.

Agregó, que todas estas situaciones se han puesto en conocimiento de las autoridades a través de las respectivas denuncias tanto penales como civiles y administrativas, además de los casos en Restitución de Tierras donde nos han atendido.

“La atención en la Unidad De Tierras ha sido excelente, estamos muy bien atendidos por los funcionarios, sin embargo, considero que deben tener un poco más de celeridad en el proceso, como dueño de los predios nos preocupa, que no solo los árboles que ellos siembran y le salgan raíces, sino a las mismas personas que ahí están y mañana o pasado el Estado les atribuya derechos”, manifestó Jaider Antonio Rodríguez Obispo.

“Tenemos fe que el Estado va fallar en derecho, porque cuando nosotros nos salimos de ahí, nos salimos por situaciones de desplazamiento, porque en el 2001 hubo dos, en el 2001 el primero de julio, asesinaron al señor Rodolfo Gargioli, un miembro de la familia y en el 2009 al señor Francisco.

Fue después del segundo asesinato de un familiar que decidieron dejar los predios y encargar a otras personas que hoy reclaman sus derechos sobre los bienes. Después de ese asesinato nosotros salimos de ahí, una parte de la familia Gargioli se fueron del país, otros se fueron de la Costa por el temor, algunos nos quedamos, pero lejos del predio.

Estos predios son de tradición familiar, es decir, nos pertenecen desde 1974 no desde el 2009, teniendo en cuenta que hay algunos que dicen, que tienen menos tiempo aprovechando la situación. Tenemos escrituras de los predios, desde las dos fincas de Yolamira y San Judas. Tenemos toda la legalidad en cuanto a documentación. La única es Villa del Rosario que no se logró tramitar la adjudicación, por ser una gran proporción de tierra, entonces no la dieron enseguida”, explicó.

En dichos predios se ha explotado la ganadería y madera legalmente.

LA DISPUTA

La familia solicita a la Unidad de Tierras mayor celeridad en el proceso. OPINIÓN CARIBE pudo confirmar que el caso de la finca San Judas está en manos de la Unidad de Restitución de Tierras, pero el proceso apenas comenzó.

“Queremos a término de súplica, hacerle llegar el mensaje a Unidad de Tierras para que acelere más el proceso, que entienda nuestro sentimiento de desespero, nosotros queremos que nos resuelva, porque desde el 2009 salimos desplazados por segunda vez a estas alturas, no vemos cerca la solución.

Los ocupantes actuales tienen cultivos y han hecho sus propias cosas.

“Los que hemos puesto los muertos somos nosotros. Más de cuatro muertos en estos años y por eso pedimos justicia y acompañamiento del Estado”, puntualizó el abogado.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS RECLAMANTES PARA VOLVER A SUS TIERRAS?

La Ley estipula que una persona que perdió su tierra por el conflicto después de 1991 tiene derecho a recuperarla, entonces, la persona va a la oficina de Restitución de Tierras cuenta la historia, quién se las quitó, cómo se la quitó, en qué año fue y con base en esa información se documenta el caso.

Se buscan las pruebas de lo dicho por la víctima, luego se visita a la zona, se mira quién está en los predios, cómo los adquirió y de acuerdo con esa información, la Unidad de Tierras decide si los lleva o no ante los jueces.

Si se decide a hacerlo, es porque hubo un problema y el juez tiene un período de 4 meses para excusar a las personas que están en los predios. Finalizado este término debe dictar la sentencia para devolver o no la tierra, indemnizar o recompensar como se ha hecho en varios casos.