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¡El riesgo no es juego!

Opinión Caribe

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Además de desconocer las amenazas que tiene el territorio, las imprudencias están a la orden del día cuando de emergencias se trata en el Magdalena.

Las amenazas naturales que se presentan en el Departamento y el Distrito también demuestran las imprudencias cometidas por la comunidad cuando se enfrentan a ellos. En vez de resguardar sus vidas, corren es a averiguar sobre el fenómeno o a comentarlo.

Prueba de ello, es el comportamiento asumido durante la amenaza de tsunami que se presentó en días pasados en el municipio de Ciénaga, cuando algunos residentes en el sector, en vez de resguardarse, decidieron caminar por la playa para ver más de cerca lo que pasaba.

Una de las imprudencias más comunes es que los pobladores no respetan las zonas de riesgos al invadir espacios que por ley no deben ocuparse, además, la falta de autoridad contribuye para que hoy los invasores de estos espacios se vean afectados por la naturaleza. Por ejemplo, asentarse en lugares vulnerables a deslizamientos, las crecientes súbitas de los ríos, erosión costera, alteraciones del terreno que producen el deterioro del entorno natural.

En Santa Marta, según datos oficiales, hay más de 40 barrios construidos en zonas de alto riesgo cercanos a las rondas del río.

LOS SAMARIOS SON IMPRUDENTES

OPINIÓN CARIBE consultó al Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, el cual aseguró, que la comunidad es imprudente ante situaciones de riesgo. Por ejemplo, ingresan a las playas cuando se ha prohibido la entrada a los bañistas por alerta de fuerte oleaje, ya sea por tormenta o huracán.

Santa Marta es una ciudad que no cuenta con estudios de vulnerabilidad de instalaciones estratégicas y líneas vitales o, en su defecto, planes para llevarlos a cabo. Además, sus habitantes no consideran las regulaciones del uso y manejo de la tierra y suelo, los códigos de construcción, sus normas de construcción ante fenómenos excepcionales como sismos y viento, el control de su cumplimiento y zonificación según los peligros y políticas de ordenamiento territorial en función de la vulnerabilidad.

Por tanto, asumen actitudes inadecuadas frente al riesgo cuando no se siguen las normas de seguridad que se encuentran establecidas en los balnearios, como es el hecho de sobrepasar el límite de profundidad en las playas.

Por la posición geográfica que tiene el Distrito y por sus recursos hídricos, tiende a sufrir crecientes de ríos que traen consigo las avalanchas, inestabilidad del suelo que puede ocasionar deslizamientos en las construcciones aledañas a los cerros, montañas y quebradas.

¿QUÉ SE DEBE HACER?

A la hora de enfrentar una situación de riesgo donde se genere una emergencia natural, es fundamental, el comportamiento que asuma la población, puesto que, de estas actitudes también depende que una crisis se convierta en una calamidad o se supere de forma rápida.

Las personas ante la presencia de un fenómeno natural, deben seguir las indicaciones de las entidades correspondientes, mantener la calma, no ser generadoras de pánico o estar de curiosos en un lugar donde puede poner en peligro su vida y la de su familia. En caso de inundación, alejarse y buscar lugares altos.

Un desastre natural puede ocurrir en cualquier momento, afectar a millones de personas, porque no se puede frenar el curso de la naturaleza. Sin embargo, el comportamiento de la población puede ayudar a evitar tragedias a mayor escala. Pero, pese a todas las advertencias siguen invadiendo las rondas hídricas.

Las tragedias, generalmente, se producen porque la naturaleza reclama sus espacios y aunque ha habido antecedentes en el país en cuanto a hechos lamentables, la falta de planificación urbana es la constante en la mayoría de las regiones.

Los entes encargados de la Gestión del Riesgo deben preparar en forma constante a la población para que sepan actuar ante una situación de desastre, puesto que se debe trabajar en equipo. Recordar que ante una eventualidad natural lo primero que deben hacer es resguardar su vida, no exponerse para averiguar lo que sucede.

En cuanto a las herramientas de planificación para la Gestión del Riesgo se dividen en tres aspectos: conocimiento, reducción y manejo del desastre. El mayor Eduardo Vélez, director de la Defensa Civil seccional Magdalena, explicó a este medio, que de acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la parte del conocimiento trae consigo unos instrumentos, entre los que se encuentra el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, los Planes de Cuencas, Pomcas, y el Plan de Desarrollo.

Esto significa, que cada municipio debe tener su POT donde se establece el uso del suelo y las características del mismo. En esta etapa se requiere información general sobre los riesgos e identificar las zonas más vulnerables y los escenarios más desfavorables que pudieran ocurrir. Sin embargo, los municipios del Magdalena no tienen actualizada esta herramienta.

Al no tener con exactitud los riesgos en cada uno de los municipios, se reduce la capacidad de ofrecer una respuesta inmediata y oportuna en caso de registrarse una emergencia.

El Magdalena ya inició el Plan de Ordenamiento Departamental, para brindar asistencia técnica a los municipios para la actualización de sus POT, teniendo en cuenta las zonas de alto riesgo.

El Distrito está próximo a implementar el nuevo Plan de Ordenamiento, además de trabajar en la recuperación de estas áreas a través de proyectos de vivienda.

Con respecto a la invasión de zonas de alto riesgo, cada municipio del Magdalena debe definir el suelo de su territorio, los usos y la clasificación del tratamiento, de acuerdo con el tipo de actividad que se pueda desarrollar dentro de cada clase de suelo, incorporando las zonas de alto riesgo, que deben ser delimitadas y sustentadas desde el punto de vista geológico, geomorfológico, climatológico e hidrológico para establecer a qué amenazas están expuestas las zonas susceptibles de riesgos y cuál es el tratamiento que se les debe hacer.

Otra de las amenazas frente a la cual la comunidad no sabe qué hacer, es la de los huracanes. Cabe señalar, que no hay un plan para afrontar este fenómeno aun cuando en 1974 la Zona Bananera se vio afectada por el paso de este fenómeno meteorológico.

Para prevenir los riesgos debe haber una gestión correctiva e informar a la comunidad sobre cómo actuar cuando haya una creciente del río que afecte los asentamientos urbanos. “La ciudadanía brilla por su ausencia, porque cuando ocurre el hecho adverso culpan al Estado, pero no ven el otro lado, qué es lo que ellos deben hacer”, puntualizó el mayor Vélez.

A su vez, critica que el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta no esté actualizado y el de los municipios no sea riguroso y aplicable. “La gestión política empieza por organizar los POT, que se estipulen las zonas de riesgo y no permitir los asentamientos por falta de autoridad”.

La última afectación del 100 % de los municipios se registró tras el fenómeno de ‘La Niña’ en el 2010 – 2011. En este periodo, el Magdalena fue el segundo departamento a nivel nacional con más de 800 mil personas afectadas.

En este sentido, Daddy Gutiérrez, la coordinadora de Gestión del Riesgo del Departamento, señaló, que todos los municipios deben tener el compilado de los planes municipales de Gestión del Riesgo y de Desastres que sirve como instrumento para conocer el riesgo, qué hacer para reducirlo y cómo actuar en caso de que se registre una emergencia, de esta manera, la comunidad adquiere el conocimiento apropiado con respecto a qué hacer ante estas emergencias y así ayudar a la disminución del riesgo.

ACCIONES SEGÚN LA LEY 1523

Según la Ley 1523 de Gestión del Riesgo, el artículo 8 establece que los responsables son las entidades públicas, privadas y la comunidad. No es una responsabilidad exclusiva del Estado, a los ciudadanos se les debe educar para cumplir la ley y no exponerse al riesgo. Por tanto, los habitantes del territorio nacional son los corresponsables de la gestión del riesgo, y deben actuar con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como con sus bienes, además de acatar lo dispuesto por las autoridades.

Así mismo, los gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, en especial, a través del Plan de Desarrollo Departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.

Los gobernadores y la administración departamental son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento, y de esta manera preparar a la comunidad para actuar correctamente.

Mientras tanto, los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El Alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

Los alcaldes y la administración municipal o distrital deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.

SUELOS INUNDABLES

El Igac indicó, que 24 departamentos del territorio deben prender las alarmas por contar con este tipo de suelos inundables en algunos de sus territorios: Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

Según el mapa de susceptibilidad y amenazas de Colombia elaborado por el Igac e Ideam, la zona más vulnerable a las inundaciones es la región Caribe, en especial, por donde pasa el río Magdalena.

De los 7 departamentos que la conforman, solo La Guajira no tiene suelos que se puedan inundar. Es decir que Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, deben estar bajo el lente del país y de las entidades encargadas para la elaboración de campañas de concienciación y prevención con la población.

En Córdoba, las zonas más vulnerables son las ubicadas en toda la vertiente oriental del departamento, además de las inmediaciones de los ríos Sinú (en el norte), San Jorge y Verde, la represa de Urrá y la ciénaga Ayapel.

Bolívar tiene suelos inundables en todo el paso del río Magdalena, el Brazo de Morales y el Brazo de Mompox y en las zonas de influencia de los ríos Cauca y Cimitarra y la quebrada Santo Domingo; en el norte hay terrenos aledaños a la ciudad de Cartagena y al Canal del Dique.

Todo el paso del río Magdalena por el departamento que lleva su nombre es una zona crítica (especialmente en el sur), además de terrenos cercanos a los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní, el Brazo de Mompox y la zona norte en inmediaciones de la ciénaga de Santa Marta.

Los suelos inundables en Cesar están en el paso de los ríos Magdalena (toda su vertiente occidental), Cesar, Guatapurí, Fernambuco (en el norte), Ariguaní, la quebrada La Mula y Lebrija (en el sur) y la ciénaga de Zapatosa.

El sur del departamento del Atlántico alberga esta clase de suelos, al igual que sus límites con Bolívar, el paso de los ríos Magdalena y sitios cercanos a la Ensenada Galerazamba.

La zona centro y sur de Sucre tiende a inundarse, debido al paso del río San Jorge y la presencia de las ciénagas Cispataca, La Garita, San Marcos y Los Palitos.

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