Un Gobernador embargado

La Contraloría General de la República reveló que las cuentas del exalcalde y hoy gobernador electo del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fueron embargadas por un proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta en su contra. Según la entidad, el proceso se puso en marcha luego de conocer las supuestas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el Distrito.

Daniela Pirela Wisman

La Contraloría General de la República (CGR) le cobró la factura por presunto detrimento patrimonial de $1.206.110.000 millones, en la implementación del PAE en Santa Marta, al exalcalde y hoy gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo Omar; a la secretaria de Educación de ese momento, Íngris Padilla García; así como a la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce, teniendo en cuenta que era la firma contratista a la que le fue adjudicado el contrato de operación del PAE en el distrito de Santa Marta.

La Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena de la Contraloría General de la Republica señala en el asunto del Auto Número 089 del 14 de marzo de 2018 que embarga las cuentas de los presuntos responsables, que con fundamento en el artículo 12 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el artículo 103 de la Ley 1474 de 2011, procedió a decretar medidas cautelares sobre los bienes de los presuntos responsables fiscales vinculados en el Proceso de Responsabilidad Fiscal Número 2016-01105, con ocasión del daño patrimonial sufrido por el distrito de Santa Marta.

Todo indica que se trata de la aplicación de medidas cautelares encontradas en el marco del proceso en el que desde el año 2014 se detallan una serie de presuntas anomalías en el PAE del Distrito, a cargo de Asoalimentarce y en el que se habla de supuestos sobrecostos en las raciones alimentarias que se entregan a más de 40 mil estudiantes de la ciudad de Santa Marta, según lo explicó el ente de control fiscal.

PRESUNTOS RESPONSABLES

De acuerdo con la Contraloría General de la República, los presuntos responsables señalados en el auto por medio del cual se decretaron las medidas cautelares del proceso verbal de responsabilidad fiscal son: Carlos Caicedo Omar en su calidad de alcalde distrital vigencia 2012 – 2015; Íngris Padilla García, quien fungía como secretaria de Educación y en calidad de supervisora para la época de los hechos; y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarse identificada con el NIT. 900.068.908-0 en calidad de contratista. Asimismo, la Contraloría señala a terceros civilmente responsables, que en este caso es la Previsora S.A. Compañía de Seguros, identificada con el NIT. 860.002.400-2.

CONTRALORÍA REVELÓ LISTADO DE OPERADORES DEL PAE EN LA COSTA CON TRES O MÁS CONTRATOS

De acuerdo con la Contraría, en la región Caribe había un círculo vicioso del Programa de Alimentación Escolar, resumido en numerosas y cuantiosas contrataciones para los mismos oferentes. Este fue un hecho relevante de la Actuación Especial de Fiscalización que adelantó la Contraloría General de la República al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en los siete departamentos de la región Caribe y señalaron que se trataba de la concentración de la contratación.

Se advirtió, una deficiente concurrencia y participación de proponentes en los procesos de contratación del PAE, y por ende, la repetitiva presentación del mismo oferente en una entidad para varias vigencias y entidades territoriales, especialmente en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira.

En el caso de la Fundación Kabala que para las vigencias 2014 y 2015 suscribió contratos en Cesar, La Guajira y Bolívar, de manera individual y en consorcio con la Asociación de Manipuladoras de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce. Durante dichas vigencias, la Fundación Kabala fue representada legalmente por María Angélica Araujo Noguera y Asoalimentarce por Ivis Rosado Robles.

Otra de las llamadas entidades sin ánimo de lucro que se hizo acreedora de numerosas y cuantiosas contrataciones en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena es la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano -Gers-, representada por Marlene Esther Vásquez Guerrero.

ALGUNOS CASOS DE CONCENTRACIÓN

La concentración de las contrataciones en el departamento de La Guajira se da entre la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano -Gers-, a través del contrato de aporte Número 202 de 2015 por valor de $404.6 millones, y la Corporación Corazón País, con el contrato de aporte Número 436 de 2014 por valor de $2.649millones.

Estas mismas organizaciones suscribieron contratos en el municipio de Maicao, según consta en los contratos Número 436 de 2014 por valor de $772 millones y el 154 de 2015 por valor de $1.600 millones, respectivamente.

Está también el caso del municipio de Becerril (Cesar), donde el contratista (Consorcio Obed) se presentó como único oferente en las vigencias auditadas. Adicionalmente, se encontró que ejecuta otros contratos con la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano -Gers- representada por Marlene Esther Vásquez Guerrero.

Gers, incluso, dejó de prestar el servicio antes de terminarse el calendario escolar, y el control y certificación de entregas estaba a cargo de los personeros estudiantiles, y con base en su informe, la entidad territorial realiza el respectivo pago.

EN EL MAGDALENA: LOS MISMOS CON LAS MISMAS

En el departamento del Magdalena concurrieron los operadores Corporación Gestión del Recurso Social y Humano -Gers- con dos contratos de aporte para la misma vigencia (2015) que en total suman $20.313.8 millones; y la Asociación de Manipuladoras de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce, que suscribió en 2014 un contrato de aporte por $9.719 millones y en esa misma vigencia celebró con el distrito de Santa Marta, un contrato de aporte por valor de $2.400 millones

Así mismo, para el año 2015, el distrito de Santa Marta y Asoalimentarce celebraron el contrato Número 003 de 2015, por valor de $12.685 millones, en el que se pagó un mayor valor por ración, generando un detrimento de $2.097.1 millones. Es de anotar que en el convenio de Asociación Número 001 de 2014, suscrito por el distrito de Santa Marta con Asoalimentarce, se canceló un valor mayor por ración, lo que produjo un detrimento de $1.206 millones.

Adicionalmente, Asoalimentarce suscribió con el municipio de Ciénaga los convenios de cooperación Número 038 de 2013, por $8.694 millones, y Número 016 de 2014 por valor de $13.971 millones.

LISTADO DE OPERADORES CON TRES O MÁS CONTRATOS

Los auditores de la Contraloría Delegada para el Sector Social que realizaron esta Actuación Especial de Fiscalización identificaron casos de operadores que suscribieron tres o más contratos y que hacen presencia en una o más entidades territoriales, como sucedió con la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce, la cual tenía contratos con los departamentos de Córdoba y Magdalena, Distrito de Santa Marta y municipios de Aracataca y Ciénaga (Magdalena), Tierralta (Córdoba) y El Copey (Cesar).

CGR RESOLVIÓ

Luego de que la Contraloría hallara lo expuesto anteriormente, la sala colegiada de la Gerencia Departamental el Magdalena resolvió decretar el embargo preventivo de las sumas de dinero depositadas o que se lleguen a depositar en las cuentas de ahorro bancarias vinculadas con el gobernador electo Carlos Caicedo, cuyas entidades bancarias relacionadas por la Contraloría fueron Banco de Occidente y Banco BBVA. Esto indica que Carlos Caicedo tomará posesión de su cargo como gobernador del Magdalena, pero no podrá cobrar el sueldo que le corresponde por sus funciones debido a la medida cautelar que aún pesa sobre sus cuentas bancarias.

Se decretó, también, el embargo de dos cuentas corrientes, una del Banco Bbva y otra del Banco de Bogotá, así como una cuenta de ahorros del Banco Bbva de la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarse. La medida se limitó a la suma de 1.809.165.000 millones de pesos.

Finalmente, el auto aprobado en la Sesión Colegiada Número 08 del 13 de marzo de 2018, también decretó el embargo preventivo y la subsecuente retención de la quinta parte de la porción que exceda el salario mínimo mensual legal vigente de Íngris Padilla en su calidad de secretaria de Educación de ese momento.