Metrópolis
Defensoría del Pueblo inspeccionó reclusorios de Santa Marta y Ciénaga para verificar garantías
Por: Suzayny Arrieta.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Magdalena, realizaron una serie de visitas en aras de inspeccionar garantías de derechos humanos de los hombres y las mujeres que están privados de la libertad en los centros de reclusión de Santa Marta y Ciénaga, Magdalena.
Los funcionarios de la entidad junto con la Personería Distrital de Santa Marta, estuvieron en el Establecimiento Penitencial Carcelario Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, donde hicieron una mesa de concertación para evaluar y formular medidas relacionadas a las condiciones de la entrada de acceso al penitenciario en seguimiento al Plan Piloto de Ingreso de Visitantes.
Se evidenció que dicho espacio no cuenta con infraestructura adecuada para garantizar la protección de la población visitante frente a las condiciones climáticas, lo que generó un llamado de protesta por parte de los familiares de los reclusos ante la falta de garantías para recibir visitas en condiciones dignas.
En respuesta a esta situación, la Defensoría y la Personería atendieron las quejas, entre esos, la instalación de una polisombra en el nuevo acceso del penal y frenar un intento de huelga de hambre de los presos, esto, con el compromiso de realizar acompañamiento en las siguientes visitas para verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad y derechos fundamentales tanto para los privados de la libertad como para sus familiares.
La Defensoría del Pueblo tambien estuvo presente en el centro de detención temporal del municipio de Ciénaga, Magdalena, donde desarrolló una brigada integral de salud dirigido a treinta presidiarios. Estas acciones fueron enlazadas con la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Gobierno y Salud municipal y el comando del distrito para adoptar medidas que mejoren las condiciones de vida de los reclusos.
Posteriormente, se hizo reunión con entes competentes para concretar estrategias y medidas de prevención que hagan las mejorías en condiciones de vida de los cautivos dentro de los centros de reclusión.
El defensor regional del Magdalena, Ricardo Salinas, declaró que para cumplir estas visitas, hicieron capacitaciones al personal defensor con la Ley de utilidad pública, con el fin de que las mujeres reclusas cabeza de familia reciban beneficios para intercambiar su condena -en libertad- por prestación de servicios comunitarios, para que puedan brindarles orientación jurídica.
Con estas visitas, según el funcionario, tratan de buscar cuales son las necesidades más importantes de indole jurídico y otras que demanden la mejora de las condiciones de estos privados de la libertad.
La entidad defensora dejó en claro que se debe mantener comunicación directa por parte de representantes de derechos humanos del centro de reclusión y a las autoridades penitenciarias para hacer seguimiento de los compromisos adquiridos.
