Reparación de víctimas en el Magdalena: una promesa con garantías incompletas

Por: Suzayny Arrieta

El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo que registró más de 500 mil víctimas del conflicto armado en el departamento del Magdalena deja diferentes contrastes en la aplicación de la Ley de Víctimas para la identificación, reparación y dignificación de esta población. En entrevista con OPINION CARIBE, Eucaris Salas, coordinadora de la mesa de víctimas del Magdalena dio sus evaluaciones sobre la ejecución de la Ley y sus falencias en este territorio.

La coordinadora manifestó que su rol como integrante en la Mesa de Víctimas ha sido un factor clave en la visibilidad de hechos de violencia y en la exigencia de derechos con apoyo de procesos organizativos, comunitarios y de memoria. Sin embargo, deja claro que esta gran cifra es preocupante, impactando en gran magnitud la secuela del conflicto armado en el territorio, debido a que hay familias afectadas que no han sido aún incluidas dentro de los amparos de la Ley.

“Tenemos muchas víctimas silenciadas por el miedo y la falta de presencia institucional. Hay algunas que incluso no conocen o no sabían que existe una ley que les ampara y protege sus derechos, no sabían dónde declarar. Se ha difundido información al respecto para que ellas puedan acceder por lo menos al proceso de declaración”.

Los hechos de desplazamiento, homicidio selectivo, desapariciones y violencia sexual han sido de los flagelos que más han sufrido la población del Magdalena que ha venido a raíz de las acciones de grupos armados ilegales, mayoritariamente en locaciones como zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Pivijay, El Piñón, El Banco y los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande.

En el marco de los logros, Salas hace el reconocimiento de que las víctimas puedan declarar en las mesas de participación, la entrega de algunas medidas de atención humanitaria y la implementación de rutas de reparación, pero que estos no representan el 100% de los planes y programas que componen dentro de la Ley ni tampoco han sido ejecutados en todos los municipios.

A partir de las ejecuciones de las políticas públicas implementadas en los Planes de Acción Territorial, que se hacen cada cuatro años, menciona que no se están haciendo efectivas como se debería, con mínimos avances, pero se evidencian faltas de garantías a la no repetición. Asimismo, tampoco se están cumpliendo con todas las sentencias de restitución de tierra ni con las acciones que están en los con los planes de reparación colectiva y de retorno, por lo que su labor como representante de víctimas, ha sido de alzar la voz para dar a conocer estas fallas.

“La centralidad de las ofertas institucionales se queda casi siempre en las capitales o en los municipios más grandes y a los municipios más pequeños pues no llega mucho. También el tema de la falta de enfoque territorial y diferencial, la demora en los pagos tanto de ayuda humanitaria como el tema de la indemnización. (…)  Hay familias que necesitan de proyectos de vivienda, proyectos productivos de generación de ingreso, incluso nuestros jóvenes no encuentran a veces una oferta educativa para para poder acceder a la educación técnica, tecnológica y/o profesional, además del riesgo de seguridad que corre ser líder social en el departamento”, enfatizó la líder.

Dentro de las mesas de víctimas, los coordinadores han hecho eco de los temas que acomplejan a la población vulnerada por la violencia, que estas sean integradas y amparadas para brindarles garantías de reparación pero que el Estado aún no ha fortalecido su presencia integral en los territorios con inversiones dignas, a pesar de que los gobernantes municipales han presentado los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que involucran la atención a estas personas, pero no existe materialidad completa de las mismas.

Por último, deja entrever que ninguna víctima del conflicto armado del Magdalena ha sido reparada totalmente como corresponde dentro de la Ley, dando como resultado que el Estado colombiano todavía mantiene la deuda histórica con esta comunidad.

El llamado urgente es a que las instituciones nacionales y territoriales conviertan los compromisos en realidades tangibles que garanticen no solo justicia, sino dignidad.