Violencia y amenazas ponen en riesgo la labor de los periodistas, según la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo en Colombia hizo públicas cifras alarmantes que evidencian la difícil realidad que enfrentan los periodistas en el país. Según el informe, el 44,4% de los comunicadores han sufrido vulneraciones a sus derechos, incluyendo amenazas, ataques a su vida y restricciones a la libertad de expresión. Además, enfrentan condiciones precarias en su labor, lo que agrava aún más su situación.

Entre 2023 y 2025, se emitieron 12 alertas de riesgo dirigidas a 13 departamentos del país, entre ellos Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Arauca, Atlántico, Amazonas, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Quindío, Caquetá y Córdoba. Con esto, se evidencia que el país continúa siendo un escenario de alta vulnerabilidad para los periodistas, quienes ejercen su labor en un contexto de violencia y amenazas constantes.

Desde 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha registrado un total de 10 asesinatos, 6 tentativas de homicidio, 944 amenazas, 271 agresiones físicas, 39 desplazamientos forzados, 5 secuestros, 254 casos de estigmatización, 182 de acoso judicial, 12 de violación a la reserva de la fuente, 15 de espionaje o invasión a la privacidad y 5 casos de violencia sexual en contra de periodistas. Desde 1938, se han reportado 168 asesinatos de comunicadores en el país, de los cuales 10 ocurrieron en los últimos cinco años, evidenciando un incremento en la violencia contra la prensa.

La situación de riesgo y violencia no solo afecta la integridad física y la vida de los periodistas, sino que también atenta contra la transparencia y el acceso a la información pública. En esta línea, OPINIÓN CARIBE ha denunciado en varias ocasiones la violación a la libertad de prensa. Recientemente, a este medio de comunicación, se le impidió el ingreso a la instalación del primer período de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental del Magdalena, generando cuestionamientos sobre la transparencia y los derechos de la ciudadanía a informarse.

Asimismo, Víctor Rodríguez Fajardo, director de OPINIÓN CARIBE, recibió una amenaza de muerte tras publicar una denuncia sobre operaciones ilegales en una central de transporte de chivas rumberas en El Rodadero. La denuncia expuso irregularidades y la falta de permisos, además de niveles de ruido que superan los límites legales.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los Estados para que investiguen, juzguen y sancionen a todos los responsables de agresiones contra periodistas, incluyendo autores materiales e intelectuales, así como colaboradores y encubridores, en un esfuerzo por proteger el ejercicio del periodismo y la democracia.

La situación en Colombia refleja la necesidad de acciones concretas para salvaguardar la vida y la libertad de los comunicadores, pilares fundamentales de una sociedad democrática y transparente.