“Estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía”: Exministro Amylkar Acosta

Recientemente, la Contraloría General de la República lanzó una advertencia alarmante al revelar que la deuda del Gobierno Nacional con las compañías encargadas de proveer energía eléctrica y gas natural ha alcanzado los $7,6 billones, una cifra que pone en jaque la sostenibilidad del sistema.

En una entrevista con OPINIÓN CARIBE, Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, explicó las causas que han llevado a esta crisis. Según Acosta, la raíz principal radica en que, tras descontar los subsidios al consumo de energía ($2,7 billones) y gas natural ($628 mil millones), el Estado colombiano ha sido omiso en reintegrar estos recursos a las empresas comercializadoras. “Adicionalmente, son muchas las entidades oficiales que están en mora del pago de la factura por la prestación del servicio ($1 billón). Finalmente, está la deuda por concepto de la opción tarifaria ($3,3 billones). El presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, pero hasta la fecha esta es una promesa incumplida”, señaló.

Este acumulamiento de deudas ha afectado severamente la solvencia y liquidez de las empresas del sector. La intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en empresas como Air-e evidencia los riesgos que se avecinan, incluyendo la posibilidad de un apagón financiero que podría derivar en cortes de energía masivos. Acosta advierte que, si no se toman medidas urgentes, Colombia podría enfrentar un escenario similar al apagón de 1992-1993, cuando el país sufrió racionamientos de hasta 10 horas diarias durante casi un año, durante el mandato de Cesar Gaviria.

El exministro recordó que aquel apagón fue resultado de la estatización del sector, insuficientes inversiones, y una alta dependencia de la generación hídrica, vulnerable ante fenómenos como El Niño. Gracias a las reformas de la Ley 143 de 1994, Colombia logró diversificar su matriz energética, promover la participación privada y fortalecer los órganos regulatorios, logrando que en los últimos 30 años no se haya registrado ningún apagón de gran escala.

No obstante, hoy la situación es diferente. La deuda acumulada y la falta de pago de subsidios y servicios están poniendo en jaque esa estabilidad y la idea de un nuevo apagón se ha vuelto inminente. “Estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía, esta vez, a diferencia de 1992/1993, por el apagón financiero a que han estado expuestas tanto las empresas comercializadoras como las generadoras de energía. Así lo han manifestado ellas y sus gremios y lo han advertido los organismos de control y lo que más preocupa es que de parte del Gobierno no se toman las decisiones pertinentes e inaplazables”, agregó.

Aunque el director de Energía de Colombia, Víctor Paternina, ha anunciado que se priorizará el pago de subsidios antes de terminar mayo, expertos y gremios del sector mantienen la cautela, pues las promesas anteriores no se han materializado.