Samarios divididos frente al aumento del salario mínimo que regirá desde enero de 2026

Por: Alexandra Martínez.

A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigencia el aumento del salario mínimo en Colombia, una medida que fue oficializada mediante decreto del Gobierno Nacional y que ha generado reacciones encontradas entre ciudadanos, sectores productivos, líderes políticos y expertos económicos.

Con el propósito de conocer la percepción ciudadana, Opinión Caribe – Expresión de Región recorrió las calles de Santa Marta para recoger las opiniones de los samarios frente a esta decisión, encontrando posturas tanto favorables como críticas, especialmente entre trabajadores que devengan el salario mínimo.

Varios ciudadanos, en especial obreros y jefes de hogar, manifestaron su preocupación por los posibles efectos del incremento salarial. Según expresaron, el aumento podría verse neutralizado por el alza generalizada de precios en productos básicos como la gasolina, el aceite y la canasta familiar, lo que, a su juicio, terminaría afectando directamente el poder adquisitivo de las familias asalariadas.

“Al subir el salario mínimo, todo sube. Los precios de los alimentos, los servicios y el transporte se disparan, y al final a la gente no le queda nada”, señalaron algunos consultados, advirtiendo que la medida podría terminar perjudicando a los mismos trabajadores que busca beneficiar.

No obstante, otros sectores han respaldado el incremento. El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció a favor del aumento, calificándolo como una decisión trascendental para la vida digna de los trabajadores.
“La prosperidad de los trabajadores es también la prosperidad de la Nación. Con esta medida se dinamiza el comercio y se estimula el crecimiento económico sostenible”, afirmó.

Desde el ámbito académico y económico, las reacciones han sido más cautelosas. El economista y exministro de Hacienda José Antonio Ocampo advirtió sobre los posibles impactos negativos del aumento, al que calificó como elevado e inesperado. Aunque reconoció que podría beneficiar a una parte de los trabajadores y dinamizar la demanda, alertó sobre efectos complejos de manejar, especialmente en el empleo formal y en los costos laborales.

Ocampo señaló que la medida podría afectar de manera significativa a las micro y pequeñas empresas, incrementar la inflación debido a la indexación de bienes y servicios al salario mínimo y presionar al Banco de la República a elevar las tasas de interés. También advirtió sobre el impacto en las finanzas públicas, incluyendo un mayor gasto en pensiones, y cuestionó que la decisión se haya tomado al final del mandato gubernamental.

Por su parte, el sector turístico también expresó preocupación. A través de un comunicado, ANATO advirtió que un incremento cercano al 23% rompe la planeación financiera del sector, afecta la competitividad del turismo receptivo y pone en riesgo el empleo formal, especialmente en las mipymes. El gremio reiteró el llamado a que las decisiones salariales se construyan con diálogo, criterios técnicos y una visión de largo plazo.

En medio de este debate, el DANE reveló un dato clave sobre el mercado laboral: en noviembre de 2025 la tasa de desocupación se ubicó en 7,0%, una reducción significativa frente al 8,2% registrado en el mismo mes de 2024. De acuerdo con la serie histórica, una cifra similar no se registraba desde noviembre de 2015, cuando el desempleo fue del 7,6%.

Mientras el país se prepara para la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo, el debate continúa abierto entre quienes ven en el aumento una conquista social y quienes advierten sobre sus posibles efectos en la inflación, el empleo y la sostenibilidad económica. En Santa Marta, como en el resto del país, las opiniones siguen divididas.