Nación
¿Quién manda en el Tayrona?
Mientras la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia ratifica la vigencia de la Resolución 091, en el territorio persisten accesos paralelos y decisiones comunitarias que cuestionan la autoridad efectiva dentro del área protegida.
Una decisión administrativa para proteger el ecosistema terminó desatando un pulso de poder en uno de los parques naturales más emblemáticos del país. El cierre preventivo en el Parque Nacional Natural Tayrona, ordenado mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, derivó en ingresos no autorizados, denuncias de amenazas contra guardaparques y un nuevo capítulo de confrontación entre autoridades ambientales, comunidades locales e indígenas.
El director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luisz Olmedo Martínez Zamora, explicó que la medida respondió a afectaciones causadas por lluvias en la zona de Cañaveral, donde los daños en caminos y senderos dejaron el área sin condiciones de seguridad para recibir turistas ni desarrollar actividades ecoturísticas.
Según la entidad, el cierre fue preventivo y obedeció exclusivamente a criterios técnicos y de protección ambiental.
Ingresos pese a la restricción
La decisión generó rechazo en sectores de la comunidad vecina, particularmente en la Junta de Acción Comunal de El Zaino, cuyos habitantes dependen en gran medida del turismo.
En medio del desacuerdo, algunos miembros permitieron el ingreso de visitantes pese a la vigencia de la resolución oficial, configurando un choque directo con la autoridad ambiental.
El director Martínez Zamora denunció además acciones de presión contra los guardaparques, quienes, según afirmó, fueron objeto de amenazas e intimidaciones. Recordó que se trata de autoridad pública no armada, cuya función se fundamenta en la legalidad, el respeto institucional y la conservación del patrimonio natural.
Infraestructura no autorizada y cobros paralelos
El conflicto no se limita al cierre temporal. La administración del parque señaló que desde diciembre de 2025 se detectó la construcción no autorizada de infraestructura dentro del área protegida, incluyendo senderos y baterías sanitarias, así como el cobro a turistas por un acceso paralelo.
Tras procesos pedagógicos y fallidos intentos de concertación, la entidad activó medidas de control con acompañamiento de la Policía para desmontar las estructuras irregulares.
Presencia Kogui y reclamo ancestral
La tensión escaló con la presencia de integrantes del pueblo Kogui en los accesos al parque, quienes argumentaron su condición de propietarios ancestrales del territorio y cuestionaron que no fueron consultados frente a la orden de cierre.
En algunos puntos se volvió a permitir el ingreso de visitantes bajo aportes voluntarios, situación que incrementó la confusión sobre la vigencia real de la medida.
Mientras desde la dirección nacional en Bogotá se insiste en la obligatoriedad de la Resolución 091 y en la necesidad del cierre por razones ambientales y de seguridad, en el territorio persisten decisiones comunitarias que ponen en entredicho la autoridad efectiva dentro del área protegida.
El episodio reabre un debate estructural sobre la gobernanza ambiental en el Tayrona: la coexistencia de competencias estatales, autonomía indígena y dinámicas económicas locales en un escenario donde confluyen intereses culturales, turísticos y ecológicos.
Más allá del cierre temporal, el caso expone las tensiones no resueltas en la administración de áreas protegidas estratégicas y deja sobre la mesa una pregunta clave: quién ejerce, en la práctica, el control sobre uno de los principales símbolos ambientales de Colombia.
