Buque petrolero incautado por Estados Unidos zarpó desde Palermo, Magdalena

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el pasado domingo la intercepción y abordaje del buque petrolero Veronica III en aguas del océano Índico, en una operación que Washington enmarca dentro de la aplicación de un bloqueo marítimo contra embarcaciones que transporten crudo vinculado a Venezuela y Cuba.

El operativo fue divulgado a través de los canales oficiales del Pentágono, donde se detalló que las fuerzas estadounidenses realizaron una “visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje” sin que se registraran enfrentamientos. La acción se produjo tras un seguimiento que se extendió desde el mar Caribe hasta el océano Índico, fuera del radio tradicional de operaciones.

De acuerdo con la versión oficial, el Veronica III habría intentado evadir el cerco marítimo impuesto por Estados Unidos, lo que motivó su rastreo y posterior detención. El buque navegaba bajo una bandera asociada a registros panameños; sin embargo, la Autoridad Marítima de Panamá indicó que dicha bandera fue cancelada y que no existe información clara sobre su estatus actual. La embarcación transportaba una carga de crudo que, según expertos en seguimiento marítimo, habría salido de puertos venezolanos, en un contexto de sanciones reforzadas por Washington desde finales de 2025.

En su pronunciamiento, el Pentágono advirtió que “las aguas internacionales no son santuario” para embarcaciones que incumplan el bloqueo, señalando que la operación busca enviar un mensaje disuasorio a las redes de contrabando y a los actores que operan por fuera de los canales comerciales autorizados.

La interceptación se produce en medio de una intensificación de las acciones estadounidenses para frenar el comercio de crudo no autorizado vinculado a Venezuela, estrategia que ha incluido bloqueos, incautaciones y abordajes en distintos puntos del mundo durante los últimos meses.

No obstante, el episodio adquirió una dimensión adicional tras conocerse la postura de la empresa colombiana que vendió el crudo, la cual aseguró que la transacción se realizó de manera legal y conforme a la normativa vigente. Según la compañía, su responsabilidad concluyó una vez el buque zarpó del punto de carga en Palermo, Magdalena, con la documentación correspondiente.

En un comunicado divulgado a medios locales, la empresa —cuyo nombre no fue revelado por razones comerciales— afirmó que no existe ilegalidad en la negociación y que “todas las obligaciones contractuales y legales fueron cumplidas al momento de la entrega de la carga en el puerto autorizado”.

La aclaración surge en medio del creciente debate internacional que desató la operación militar estadounidense, la cual Washington justifica como una violación al bloqueo impuesto a embarcaciones relacionadas con el comercio de crudo hacia Cuba y Venezuela. El hecho ha generado tensiones diplomáticas y encendido alertas en sectores empresariales vinculados al comercio de hidrocarburos.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, tras zarpar de Palermo el buque habría modificado su rumbo hacia Cuba, pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos a la isla. Este cambio de trayectoria habría sido uno de los elementos que motivaron la acción norteamericana en altamar.

La versión colombiana difiere en el alcance de las responsabilidades. La empresa insiste en que su obligación contractual terminó con la transferencia legal de la carga y la salida del buque del puerto autorizado. “No tenemos facultad ni control sobre decisiones posteriores de navegación ni sobre destinos no informados dentro de los marcos legales vigentes”, señaló.

Expertos en comercio marítimo coinciden en que, aunque la venta y carga del crudo puedan ajustarse a la legislación colombiana, una eventual violación de sanciones internacionales recaería principalmente sobre los operadores del buque, lo que abre un escenario de interpretación jurídica compleja que podría escalar a instancias multilaterales o tribunales internacionales.

El caso ha puesto bajo escrutinio no solo las rutas comerciales de hidrocarburos en el Caribe y el Atlántico, sino también los procedimientos contractuales y logísticos de embarque en puertos colombianos. Autoridades portuarias y organismos de control anunciaron revisiones a los mecanismos de documentación de carga y destino para evitar futuros episodios que puedan interpretarse como evasión de sanciones.

Hasta ahora, el Gobierno colombiano no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, fuentes diplomáticas señalan que se espera una posición en los próximos días que permita definir la postura del Estado frente a las acciones de Washington y proteger los intereses del país y de sus exportadores.