Unidad Investigativa
Pagaron 1.080 millones por un software que nunca funcionó: Contraloría cuestiona desembolsos sin sustento
La auditoría realizada a un contrato de la Secretaría de Salud del Magdalena, identificó posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, asociadas a la supervisión del contrato, la validación de los pagos y la ordenación del gasto. El documento también advierte fallas en la verificación del cumplimiento del objeto contractual y cuestiona la gestión administrativa de Diana Celedón Sánchez y otros dos funcionarios.
Por: José D. Pacheco Martínez
El Contrato CD-0825-2024, suscrito el 28 de junio de 2024 entre la Gobernación del Magdalena y la firma N&G Soluciones Integrales S.A.S. (NIT 901148094-7), prometía «fortalecer la gestión efectiva de la información relevante en salud pública, optimizar la vigilancia epidemiológica y facilitar el seguimiento de los procesos administrativos de la red pública hospitalaria». Este negocio jurídico fue pactado por un valor: $1.800 millones, bajo la modalidad de contratación directa, con el argumento de la exclusividad del software «DNAPlus» de la contratista.
Una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General del Magdalena (radicado Q-47-25-0010) ha puesto al descubierto lo que el ente de control califica como «un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, disciplinaria y penal por un valor de mil ochenta millones de pesos ($1.080.000.000)». El informe, fechado en enero de 2025 pero que analiza la ejecución hasta diciembre de ese año, es contundente al señalar que, en este caso, el «detrimento patrimonial se deriva del pago de recursos públicos sin la debida contraprestación técnica y la omisión en el recaudo de sanciones contractuales (cláusula penal pecuniaria)».
«Pago de lo no debido»: 1.080 millones sin evidencia de funcionamiento
El contrato establecía un esquema de pagos en tres hitos, condicionados a la «puesta en funcionamiento e implementación operativa» de los módulos contratados en la totalidad de los hospitales que conforman la red pública del departamento del Magdalena. Sin embargo, la Contraloría encontró que las órdenes de pago N.º 6571 de 2024 y N.º 1773 de 2024, por $540 millones cada una, se giraron sin que existieran en el expediente los soportes técnicos que acreditaran esa operatividad.
«No se encontró evidencia documental (actas de instalación o pruebas de usuario) de la operatividad de los módulos de: Médico en tu Casa, Salud Integral, Seguridad y el Módulo Financiero (Presupuesto, Tesorería, Cartera, Glosas, Costos, Activos fijos, Nómina e Informes)», señala el informe.
Yendo más allá, la auditoría cuestiona duramente el trabajo de quien tenía la misión de verificar el cumplimiento del contrato y ser garante de la correcta ejecución de los recursos públicos. «El Informe de Supervisión N° 1 es un documento meramente enunciativo. No anexa actas de capacitación por hospital, listados de asistencia, ni capturas de pantalla (screenshots) de los módulos funcionando en los 33 centros hospitalarios», precisa la Contraloría.
Más grave aún, resultan los desembolsos que siguieron. «El supervisor convalidó el segundo pago, aceptando una cobertura (capacitaciones) de solo el 75% de la red (25 hospitales de 33), lo que viola la exigencia contractual de ‘totalidad'», enfatiza el documento en su análisis de la causa del detrimento.
Sin embargo, el aspecto más revelador del informe es la contradicción flagrante entre los informes de supervisión que avalaron los pagos y el «Informe de Solicitud de Incumplimiento» suscrito por los mismos funcionarios meses después, en julio de 2025. «El contratista implementó dos softwares distintos sin autorización», confiesan los supervisores en la solicitud de incumplimiento, según cita el informe de la Contraloría. «La plataforma no funciona directamente en la nube sino como ‘cliente-servidor’, causando pérdida total de información. No hay soporte de respaldo en la nube de los hospitales de 1, 2 y 3 nivel», se lee.
Igualmente, el informe de auditoría añade un dato escalofriante para la seguridad de los datos de los pacientes. «La falla del 7 de abril de 2025 en el Hospital San Cristóbal de Ciénaga demostró que no existían las copias de seguridad en la nube que el supervisor debió verificar desde el informe N° 1». Es decir, mientras se pagaban $540 millones en febrero de 2025 por el módulo asistencial, el sistema ya era incapaz de garantizar la integridad de la información clínica.
«Esta conducta es contradictoria, pues solo tres meses después los mismos funcionarios (supervisores) suscribieron el Informe de Solicitud de Incumplimiento, denunciando hallazgos técnicos que debieron impedir el flujo de pagos desde el inicio», señala el órgano de control.
Los tres funcionarios en la mira de la Contraloría
Más allá de las cifras, el informe también reconstruye la cadena institucional que intervino en la gestión administrativa del contrato investigado. En ese contexto, la Contraloría identifica a varios funcionarios cuyas decisiones resultaron determinantes en las distintas etapas del proceso contractual. En primer lugar, el documento menciona el papel de la Oficina de Contratación, señalando que “Jenny Camacho Neuto, jefe de la Oficina de Contratación, fue responsable de la gestión contractual y legal de las modificaciones que extendieron la vigencia del contrato pese al incumplimiento técnico identificado”.
A su turno, la auditoría analiza la actuación de la supervisión técnica del contrato, función que en este caso correspondía a la Oficina de Tecnologías de la Información de la Gobernación. En relación con ese rol, el informe indica que “Deiby José Cotes Mier, jefe de la Oficina TIC, actuó como supervisor encargado de certificar el cumplimiento técnico del contrato, cuya firma avaló los pagos efectuados por valor de $1.080.000.000”. En contratos de naturaleza tecnológica, esa certificación constituye el documento que acredita que el servicio fue recibido a satisfacción, condición indispensable para autorizar el pago de recursos públicos.
Igualmente, la auditoría identifica la intervención de la Secretaría Seccional de Salud dentro de la estructura administrativa del contrato. Según el informe, “Diana Esther Celedón Sánchez, secretaria Seccional de Salud, en su calidad de ordenadora del gasto, definió la necesidad del contrato y validó los informes de pago asociados a la implementación del sistema tecnológico en la red hospitalaria”. La ordenación del gasto representa una decisión clave dentro del proceso administrativo, ya que habilita el uso efectivo de los recursos públicos comprometidos en el contrato.
Conviene subrayar que las observaciones formuladas por la Contraloría no constituyen aún una decisión definitiva, sino un paso dentro del procedimiento fiscal. Por esa razón, el propio informe recuerda que los funcionarios mencionados tienen derecho a presentar sus descargos. En ese sentido, el documento establece que “en garantía del debido proceso y del derecho a la defensa consagrados en la Constitución Política, se otorga un término improrrogable de cinco días hábiles para que se remitan los descargos, argumentos y soportes que se consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones contenidas en el presente informe”.
De cara a las etapas siguientes del proceso, el ente de control sostiene que los hallazgos detectados justifican una revisión profunda de la gestión contractual en la administración departamental. En términos del propio informe, la auditoría se orientó a determinar si los hechos denunciados configuraban “una gestión fiscal ineficiente, antieconómica y un presunto detrimento patrimonial al Estado”, en contravía de los principios que rigen la función administrativa y el manejo responsable de los recursos públicos.
Finalmente, conviene recordar que mientras los funcionarios señalados preparan su defensa, el expediente del Contrato CD-0825-2024 queda como la crónica de un fracaso anunciado: 1.080 millones de pesos girados, 33 hospitales sin el software prometido, información de pacientes perdida y una supervisión que primero dijo «sí cumplió» y luego confesó que no. La Contraloría lo resume en una frase: «gestión fiscal ineficiente, antieconómica y un presunto detrimento patrimonial al Estado».
