Unidad Investigativa
Investigación de OPINIÓN CARIBE deriva en indagación contra exgobernadores caicedistas
La Fiscalía creó la noticia criminal 110016000102202600027 y la asignó en reparto a la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de peculado por apropiación, vinculando formalmente a quienes eran representantes legales del ente territorial durante la vigencia de los contratos suscritos con la Fundación de Educación Superior San José.
Por: José D. Pacheco Martínez
Cuatro meses después de que OPINIÓN CARIBE revelara las presuntas anomalías en los contratos de alfabetización suscritos entre la Fundación Universitaria San José y la Gobernación del Magdalena, la Fiscalía formalizó la apertura una indagación penal contra Carlos Eduardo Caicedo Omar, Rafael Alejandro Martínez e Ingris Miralda Padilla García, quienes fungieron como gobernadores y gobernadora encargada, al momento de suscribir los contratos.
La denuncia por estos hechos fue elevada hasta el ente acusador por el representante a la Cámara Hernando Guida Ponce con base en los hallazgos de este medio. El pasado 9 de junio del presente año, la Asistente de Fiscal, Diana Carolina Andrade Rodríguez le comunicó al congresista que el proceso había sido enrutado, por reparto, a la Fiscalía quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La consulta del Sistema Penal Oral Acusatorio confirma que la noticia criminal 110016000102202600027 se encuentra en estado activo y en etapa de indagación.
Asimismo, la plataforma precisa que el delito investigado es peculado por apropiación, tipificado en el artículo 397 del Código Penal, y los hechos tienen como lugar de ocurrencia el Distrito de Santa Marta. Ese mismo día (9 de junio) se registraron tres actividades investigativas y la elaboración de un programa metodológico.
¿Qué denunció OPINIÓN CARIBE?
El 26 de enero de 2026, OPINIÓN CARIBE publicó una investigación que puso bajo la lupa dos contratos sucesivos suscritos entre la Gobernación del Magdalena y la Fundación de Educación Superior San José para operar el programa de alfabetización «Yo Sí Cambio – Todos Alfabetizados», dirigido a población joven, adulta y mayor en condición de analfabetismo. El valor conjunto de ambos contratos superó los $25.000 millones de pesos, ejecutados por una institución que simultáneamente enfrentaba investigaciones por la presunta expedición de títulos universitarios falsos.
Según los documentos disponibles en Secop, el primer contrato, PS-0672 de 2022, fue adjudicado durante la administración de Carlos Caicedo mediante una licitación pública en la que se presentó un único oferente: la misma fundación. Su objeto era alfabetizar a 30.000 personas en municipios priorizados del departamento, con una operación que exigía 600 docentes facilitadores, 30 coordinadores pedagógicos, 290 horas presenciales por beneficiario y la entrega de 30.000 kits académicos individuales.
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Ese contrato, pactado por ocho meses a partir del 11 de marzo de 2022, no se ejecutó en el plazo acordado: requirió tres prórrogas consecutivas, con los mismos argumentos reiterados de ola invernal, alteraciones al orden público y deterioro vial, que terminaron duplicando el plazo original. Ninguna de las tres solicitudes de prórroga estuvo respaldada por informes de avance que permitieran establecer cuántas horas de alfabetización se habían cumplido, cuántos grupos estaban activos o qué porcentaje de la meta se había alcanzado al momento de cada petición.
El segundo contrato, CA-ESAL-008-2025, fue suscrito mediante contratación directa con entidad sin ánimo de lucro durante el encargo de Ingris Padilla. En este negocio jurídico se redujo la cobertura a 9.392 beneficiarios, menos de una tercera parte del contrato anterior, pero disparó el valor unitario del kit pedagógico de $35.300 a $310.000, un incremento de nueve veces que los documentos públicos no justifican con ninguna modificación proporcional en la composición o calidad del insumo.
Ese solo rubro representó el 21,2 por ciento del valor total del contrato, $2.911 millones, sin que la plataforma Secop publicara actas de entrega individuales, listados nominales de beneficiarios ni registros de distribución territorial que permitieran verificar su entrega efectiva. A ese incremento inexplicado se sumó una estrategia de divulgación presupuestada en $415.501.500, que incluía un evento de lanzamiento por $50 millones, una clausura por $150 millones, pauta en emisoras comunitarias en 29 municipios, perifoneo, producción gráfica y personal especializado en comunicación y gestión de eventos, todo ello sin indicadores medibles que relacionaran ese gasto con resultados pedagógicos.
Desde OPINIÓN CARIBE también se advirtió que la Fundación de Educación Superior San José operaba bajo escrutinio público por la presunta venta de diplomas universitarios, circunstancia que agravaba el análisis sobre su idoneidad como ejecutora de contratos estatales de alto impacto social financiados con recursos públicos destinados a población vulnerable.
Lo que sigue en el proceso
La etapa de indagación, en el marco de la Ley 906 de 2004, es una fase preliminar cuyo propósito es verificar si el hecho denunciado ocurrió, si tiene características delictivas, si la acción penal es procedente y si es posible identificar e individualizar a sus posibles autores. No es todavía una acusación formal: es el momento en que la Fiscalía decide si hay mérito suficiente para avanzar o si, por el contrario, archiva las diligencias.
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Si durante la indagación el Fiscal reúne elementos materiales probatorios, evidencia física o información obtenida legalmente que le permitan inferir razonablemente la responsabilidad penal de una persona, puede formular la imputación en audiencia ante el Juez de control de garantías, conforme a los artículos 287 y 288 del Código de Procedimiento Penal.
Ese acto marca el tránsito de la indagación a la investigación formal y convierte a los vinculados en imputados con todas las consecuencias procesales que ello implica. Para los tres exgobernadores del Magdalena, la apertura de esta indagación se suma a otros procesos penales que enfrentan por presuntos actos de corrupción.
Finalmente, vale la pena advertir que el hecho de que la Fiscalía haya registrado tres actividades investigativas y un programa metodológico el mismo día en que comunicó la creación de la noticia criminal indica que el despacho no recibió la denuncia como un trámite de rutina. Hasta el momento, ninguno de los investigados se ha pronunciado públicamente sobre estos hechos.
