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Análisis

Salud preventiva, algunos se rajan

Opinión Caribe

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Contratación tardía y escasa ejecución

Los recursos asignados por el DNP deben ser solo para contratar las actividades de los Planes de Intervenciones Colectivas y la Gestión de la Salud Pública de los municipios.

La ausencia de compromiso real y eficaz de los alcaldes con el servicio de salud, se constituye en el pasaporte de los operadores de este servicio que actúan ‘sin Dios y sin ley’ para negarle a los usuarios la atención oportuna, pero sí privilegios para los intereses monetarios. Este es el pan de cada día, no solo del Magdalena sino de todo el país.

Esa falta de gestión de los mandatarios municipales mantiene sumergido a este departamento en una crisis social, donde la salud es un eslabón más de esa larga cadena de problemas económicos, políticos y humanos que ponen en riesgo la calidad de vida de los magdalenenses, que merecen recibir a tiempo aquella atención en salud preventiva financiada con los impuestos de los colombianos.

En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, le gira a cada municipio recursos importantes para que contraten con las Empresas Sociales del Estado, las acciones de los planes de Intervenciones Colectivas, PIC, y la Gestión de la Salud Pública. Este dinero debe ser ejecutado durante todo el año, pero la realidad es otra, según un informe de la Secretaría de Salud Departamental del Magdalena, en el 2016, trece entes territoriales lo hicieron en el segundo semestre del año pasado.

Lo anterior denota que las poblaciones de los municipios de Algarrobo, Ariguaní, Cerro de San Antonio, Concordia, Nueva Granada, Sabanas de San Ángel, Salamina, San Sebastián, San Zenón, Santa Ana, Sitio Nuevo, Tenerife y Zona Bananera, estuvieron desatendidas durante el segundo semestre de 2016.

Los alcaldes desestiman esta responsabilidad argumentando que los municipios se encontraban en la construcción de los planes de Desarrollo y de Salud Territorial, mientras los otros se enfrascan en mostrar una realidad que no es. “Claro, nosotros sí contratamos todo el año, hablé con el coordinador”, dijo la alcaldesa de Algarrobo, Maribel Andrade, quien no entregó mayor información sobre este tema.

El interrogante que nace frente a esta situación es, que si a la Secretaría de Salud Departamental se le había recomendado implementar planes transitorios de salud mientras se surtían los procesos dispuestos en el Plan Decenal, ¿por qué unos sí acataron la recomendación y contrataron desde inicios de año los PIC, otros no? No existe una justificación válida para poner en riesgo a determinada población.

“Nosotros enviamos los lineamientos del Ministerio de Salud relacionado con la formulación y contratación del plan de acción de cada vigencia, pero cada municipio es autónomo para decidir sobre su contratación y tendrá que responder por ella”, aseguró el secretario de Salud del Magdalena, Manuel Navarro Rada.

Los municipios que más tarde contrataron el PIC fueron Sabanas de San Ángel en septiembre y Salamina en noviembre, pero en el corte hecho el 31 de diciembre que termina la vigencia de los contratos, reportaron ante la Secretaría de Salud Departamental, avances de hasta el 95% de las actividades de promoción y prevención de salud pública.

Lo particular es, que mientras los demás entes territoriales se toman todo el año para adelantar estas acciones, Salamina las hizo en un mes.

“El retraso en la suscripción de los contratos de prevención y atención en salud del municipio se derivó de las repetidas negativas del Concejo Municipal de Salamina en aprobar los proyectos de adición presentados por la administración municipal. Nosotros veníamos adelantando con la E.S.E actividades sin recursos”, explicó el alcalde de Salamina, José Díaz Marchena.

Lo anterior es el reflejo de como las diferencias burocráticas entre un partido y otro pueden afectar el bienestar de la población. En este caso, el alcalde representa al Liberal, mientras que la mayoría del Concejo de Salamina simboliza al Conservador y a Cambio Radical.

La penosa circunstancia fue expuesta ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla, que el 21 de septiembre de 2016 dispuso abrir investigación preliminar contra los concejales Julio Patiño Pertuz, Yaceth Yejas Bonet, Andrés Tatis Granados, Ernesto Acosta Montero y Sergio Montenegro, por obstaculizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Aunque esta situación impidió, presuntamente, el desarrollo de los PIC y GSP, Salamina por ser un municipio descentralizado desde inicios de año pudo haber aprobado por decreto el plan de desarrollo para adelantar las respectivas contrataciones.

BAJA EJECUCIÓN EN LOS CONTRATOS

El informe solicitado por OPINIÓN CARIBE, a la Secretaría de Salud Departamental sobre la ejecución de los recursos de prevención y promoción de salud pública, prueba que los municipios de Ariguaní, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Pueblo Viejo y Zapayán, tienen un cumplimiento mínimo en los planes de Intervenciones Colectivas, PIC, y de Gestión de la Salud Pública.

En el caso de Nueva Granada, en el corte del 31 de diciembre de 2016, no tiene porcentaje de actividades de cumplimiento, porque la Gestión de la Salud Pública contrata a través de la Alcaldía en el mes de octubre con la Fundación Social Corazón Colombiano por un valor de $92.000.000.

Por su parte, Ariguaní y Pijiño del Carmen, reportaron a corte de la vigencia anterior cumplimiento del 20% respectivamente en las actividades relacionadas con la ejecución de los contratos PIC. El primero contrató por cuatro meses con el hospital ‘Alejandro Maestre Sierra’ por $236.571.202 y el segundo municipio lo hizo por seis meses con el hospital Pijiño del Carmen por $91.500.000.

La Secretaría de Salud Departamental ha indicado que el bajo porcentaje de estos municipios se debe a que no presentan los soportes al momento de la evaluación final de las actividades programadas, porque no las han terminado o no fueron programadas. Los mandatarios en esta situación tienen plazo hasta febrero para ponerse al día con los respectivos soportes.

LA PRESUNTA ILEGALIDAD

Aunque el Departamento Nacional de Planeación les entrega cierta autonomía a los municipios para contratar con los recursos destinados para la prevención y promoción de la salud pública, existen lineamientos que los alcaldes están en la obligación de cumplir y quienes no los acatan se exponen a ser investigados e inhabilitados por los entes de control.

El alcalde de Zapayán, Manuel De La Cruz Pacheco, está en el ‘ojo del huracán’ por haber contratado el Plan de Intervenciones Colectivas con una entidad privada, en este caso, con la Fundación Asmujcampo por cinco meses por un valor de $68.876.212, cuando la Resolución 518 de 2015 emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece que la contratación de las actividades PIC debe realizarse con IPS públicas, que generalmente son las E.S.E de los municipios y este ente territorial no lo hizo.

Una fuente consultada por OPINIÓN CARIBE, quien pidió reservar su nombre por seguridad, indicó, que “aunque el municipio es autónomo debe rendir una explicación sobre esta contratación que no realizó con la E.S.E de Zapayán por intereses políticos”.

El artículo 14 de la Resolución 518 de 2015 indica, que los planes de intervenciones colectivas se contratarán con las instituciones que tengan capacidad técnica y operativa de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de esta, por tanto, los alcaldes deben tener en cuenta lo siguiente:

  •  La entidad territorial contratará prioritariamente con las Empresas Sociales del Estado, ubicadas en el territorio, las acciones del PIC.
  •  Cuando la IPS pública ubicada en el territorio no esté en capacidad de ejecutar algunas acciones del PIC, la entidad territorial podrá contratar con Empresas Sociales del Estado de los municipios vecinos.
  •  En el evento de que las IPS públicas no cuenten con la capacidad técnica, la Alcaldía podrá contratar las acciones del PIC con instituciones prestadoras de salud privada ubicadas en el municipio, ONG, universidades u otras entidades privadas cuyo objeto social estén relacionados con la prestación de las acciones que se contraten.

En este sentido, si la E.S.E de Zapayán no cumplía con la operación técnica como lo indicó el alcalde De La Cruz, para ejecutar las actividades del PIC, la Alcaldía podría haber contratado con las E.S. E de Pedraza, Chibolo, San Ángel y Tenerife, que les brindaron este servicio a sus municipios durante la vigencia anterior.

“Tengo unos argumentos claros y fundamentados de esta contratación. Con la E.S.E. se presentaron inconvenientes con la evaluación de 2015”, dijo el alcalde de Zapayán, Manuel De La Cruz, quien no dio mayor explicación sobre esta contratación donde existen supuestas irregularidades.

Los entes territoriales si pueden contratar con una entidad privada el apoyo a la Gestión de la Salud Pública, teniendo en cuenta los porcentajes permitidos del valor total del dinero asignado por el DNP. Para los municipios de categorías 4.5 y 6 (todos los entes territoriales del Magdalena están en esta categoría) la Resolución 518 de 2015, permite entre el 30 % y 40% para la GSP; para el PIC del 60 % al 70%.

EL PRIMER SUSPENDIDO

Frente al tema anterior, la Procuraduría suspendió de manera provisional por tres meses a Larry Laza Barrios, secretario de Salud de Santa Marta, porque habría incurrido en una falta gravísima ante la violación al Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, al realizar una contratación con una empresa privada y no con la ESE ‘Alejandro Próspero Reverand’ como lo expone la Resolución 518 de 2015.

La medida, emitida por la Procuraduría Provincial de Santa Marta, deja claro que el objetivo de la suspensión se da como prevención a la investigación que sigue ante este proceso.

Las pesquisas que generaron esta decisión de la Procuraduría iniciaron el 18 de noviembre cuando se celebró el contrato 033, y se conoció sobre una presunta violación a las normas que se establece para el PIC y que indica que debe ser contratado por la red hospitalaria, en este caso la Empresa Social del Estado ‘Alejandro Próspero Reverand’ y no con operadores privados como se dio en el caso de la Fundación Despertar Solidario, Fundesol.

La medida indica, además que el objeto de esta contratación se dio para “aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para la ejecución de las acciones que integran el Plan de Intervención Colectiva, PIC”.

Mientras se adelantan las investigaciones, como secretario de Salud encargado del Distrito se encuentra Carlos Payares.

DE DÓNDE SALE EL DINERO

Ese dinero lo envía el DNP a través de un documento Conpes financiado por el Sistema General de Participación, pero todos los años cambia el monto, el cual es establecido de acuerdo con el comportamiento que tengan los municipios; el gobierno determina si les aumenta o disminuye el presupuesto.

Al documento Conpes de la vigencia 2017, le adicionan la última doceava que giran en diciembre de 2016, es decir, esta última parte del dinero no la pueden tocar los municipios, porque debe ser dirigida para la vigencia nueva, es decir, la última doceava de 2016 se suma con el Conpes de 2017 y ese es el total del recurso disponible para el municipio de este año.

MAYORES Y MENORES VALORES EN LA CONTRATACIÓN

Los recursos destinados por el DNP no pueden ser asignados para otros fines diferentes a la contratación de los PIC y GSP de los municipios. En la vigencia anterior algunos entes territoriales contrataron por mayor y menor valor al desembolsado por el Conpes social financiado por el Sistema General de Participación.

Plato y Remolino contrataron por más dinero al asignado el año pasado. Lo que llama la atención es la diferencia del monto financiero, el cual asciende a más de 100 millones de pesos, si se trata de una glosa del año 2015, significaría que los respectivos hospitales no cumplieron con las actividades del PIC, es decir, que no cumplen con las condiciones técnicas y operativas estipuladas por la Resolución 518 de 2015.

“Contratamos por más valor en el 2016 porque fue un recurso que quedó de 2015, porque si hubo problemas con las evaluaciones del hospital, nunca se pusieron de acuerdo la administración que salió ni la gerencia de la E.S.E. por cuestiones políticas. Ahora tenemos mejores relaciones”, explicó el alcalde de Remolino, José Nolazco.

Por su parte, Algarrobo contrató el PIC y GSP por mayor valor en el 2016, porque asignó recursos propios por $9.000.000 y de vigencias anteriores por $21.158.422. Asimismo, lo hizo Aracataca que comprometió recursos de vigencias anteriores por $7.027.716 y transferencia de Etesa por $9.524.548.

Cerro de San Antonio adicionó recursos de vigencias anteriores por $45.786.164, contratando un total de 117.532 millones de pesos. Chibolo tuvo un rendimiento financiero de $1.059.613, mientras que Concordia adicionó de vigencias anteriores $9.519.537.

El Banco contrató el PIC por menos, porque según el informe de la Secretaría de Salud Departamental, tomó la suma de $8.359.798 para pagar el saldo pendiente al contrato del PIC 2015. El Retén agregó rendimientos financieros por valor de $5.944.600; Fundación asignó por rendimientos financieros por $884.635; Pedraza adicionó recursos anteriores por valor de $300.786; Pijiño del Carmen añadió recursos de Etesa para el PAI por valor de $2.500.000; Pivijay comprometió recursos por rendimientos financieros por valor de $1.687.022 y $3.000.000 de saldos vigencia anterior.

Plato asignó recursos propios por valor de $142.000.000; San Sebastián, dispuso $7.625 de la vigencia 2015; San Zenón comprometió $25.524.653 del recurso del balance y Zona Bananera contrató por menos y tiene pendiente por comprometer de $1.983.385. (Ver gráfica asignación de recursos 2016).

“El 60% de la contratación se hizo con el hospital y el otro con la empresa privada que hizo un aporte como contraprestación del valor del 10% del contrato. Tenemos un superávit de 2 millones de pesos que pasan a la vigencia 2017”, indicó el alcalde de Zona Bananera, Holmes Echeverría.

Algunos municipios que contratan por más dinero, es porque tienen superávit por el rendimiento que tienen las cuentas o por las contraprestaciones que les dan las entidades que contratan, otros le sobran ese dinero porque no ejecutan todas las actividades y son glosadas a la nueva vigencia.

Cuando el hospital de un municipio no pueda cumplir con las actividades del PIC, la Alcaldía está en la obligación de destinar un recurso para el mejoramiento de su operación, capacitando al personal para que pueda cumplir las condiciones. Así lo estipula la Resolución 518 de 2015.

Los concejos municipales que deben hacer el control político al alcalde y secretario de salud, nunca se interesan sobre la clase y calidad de servicio prestado en los municipios. Andan en otros menesteres. Al ser un derecho y un servicio cuyo centro es el ser humano, debe estar en primera línea de la administración.

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