La lucha de los indígenas

La historia de las tribus aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido marcada desde la época de la conquista por la sumisión y el despojo de sus tierras. En pleno siglo XXI, su lucha continúa tratando de recuperar parte de lo que han perdido y buscando salir con vida en el intento.

Su concepto de la tierra, por su valor e importancia, es completamente diferente a la que permanece en el ideal de la sociedad ajena a los indígenas, por ejemplo, interés por sacar partido de sus tierras, de obtener ganancias a rodo; mientras que el de ellos es de amor y conservación del medio ambiente.

Las estrofas del himno del departamento del Magdalena, las mismas que reflejan parte de esa verdad que desconocen las nuevas generaciones, hacen alusión de ello: “ni el Tayrona aguerrido y valiente, con su sangre lo pudo evitar, y orgulloso se fue hasta tu frente, que es la sierra más alta del mar”.

Margarita Villafañe, líder arhuaca, le confirmó a OPINIÓN CARIBE la existencia de esta lucha, que se ha librado desde tiempos antiguos por todas sus comunidades, “habitábamos en todo este territorio, desde el mar hasta los picos nevados. Hemos sido relegados a un espacio reducido, el constitucional que hemos logrado, ha sido por la lucha y la reclamación de nuestros territorios”.

Señala el antropólogo austriaco, Reichel Dolmatoff (1912-1994), fundador del Instituto Etnológico del Magdalena, que desde la época de la colonización, los indígenas que habitaban todo el territorio desde el mar fueron arrinconados hacia las partes altas de la Sierra Nevada, que las provincias localizadas en la Sierra Nevada de Santa Marta en el siglo XVI fueron: Betoma, Carbón, Orejones, Tayrona, Arhuacos, Macongana, Tayronaca, Valle de Upar, Guanebucán y Chimila, todos estos territorios comprendían las jurisdicciones de lo que es hoy, en parte, el departamento del Magdalena, La Guajira y Cesar. Las comunidades, que han habitado en estas regiones desde tiempos prehistóricos, han luchado por lograr transmitir a los habitantes de esta región la importancia de la conservación y protección de las fuentes hídricas que nacen en la cima de la Sierra.

Por su parte, Villafañe afirma, que “nos dicen, ustedes tienen mucho espacio, la maravilla de la Sierra Nevada,a pesar de ser verdad, las cualidades de este pulmón del planeta, no es tan maravilloso en razón del riesgo ambiental que existe ante la disminución de los nacederos de las fuentes hídricas.

Hemos pedido que se nos amplíe el territorio en las zonas bajas y lograr allí asentamiento poblacional conectado con los sitios importantes donde desembocan los ríos de la Sierra, en las orillas del mar”.

Cabe mencionar, que los pueblos étnicos obligados a habitar por encima de los 1.300 metros sobre el nivel del mar, pretenden proteger a su madre tierra, porque los nuevos moradores asentados en las zonas altas, son los que han destruido estos nacimientos hídricos.

A través del tiempo se ha logrado un reconocimiento constitucional por parte del Estado, pero Margarita Villafañe cree que falta darle prioridad más protección a las partes bajas, para que las poblaciones del Magdalena, La Guajira y el Cesar que se abastecen de las fuentes hídricas que nacen en la Sierra Nevada, puedan seguir haciéndolo a futuro.

La líder Indígena también le comentó a este medio, que la afectación se presenta desde la parte media baja, zonas que pertenecen hoy a las agroindustrias de la Zona Bananera, a los palmeros, la ganadería, las explotaciones mineras de extracciones de carbón, hierro y cemento blanco, entre otros, sin sumarle las más de 400 solicitudes para minería en la Sierra Nevada de Santa Marta.

LA LUCHA CONTINÚA

Desde los años ochenta, la Sierra Nevada de Santa Marta fue un lugar de presencia paramilitar del bloque resistencia Tayrona y la fuerza de choque de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada, comandados por Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, respectivamente, provocando según Ideaspaz.org, la pérdida de tierras desde los años noventa, con un constante aumento en el Magdalena y Cesar hasta mediados de 2006.

De igual manera, el Frente ‘Francisco Javier Castaño’ del ELN y los Frentes 19 y 59 de las Farc mantuvieron presencia armada en lo alto de la Sierra, situación que afectó de manera directa a las comunidades indígenas de esta zona, siendo desplazados hacía ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Soledad y Valledupar, según informe de International Crisis Group.

Pero la lucha continúa, los indígenas son amparados por la Sentencia SU-039 de 1997, que señala los parámetros para la realización de las consultas previas con los grupos étnicos del país y en ella encontrar importantes aportes para la protección y garantía de los derechos de las comunidades. Dícese de Consulta Previa al derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y/o administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.

Actualmente, este mecanismo ha sido utilizado por los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que ha generado innumerables conflictos y amenazas e incluso muertes a líderes que abogan por la conservación de sus territorios y la defensa de sus derechos humanos.

Algunos proyectos que han tratado de construir en zonas de las comunidades indígenas de la Sierra, llevaron a sus líderes a luchar por la subsistencia territorial, porque construcciones de algunos puertos, apertura de canteras, e incluso la Ruta del Sol, han generado conflictos entre las concesiones, el Estado y ellos.

Margarita Villafañe también manifestó, que en el corregimiento de Minca existe un lote adquirido por los indígenas, porque pertenece al corredor de sitios sagrados. “Hemos sido invadidos otra vez por habitantes de ese sector, porque ellos creen que nosotros somos un obstáculo”.

Asimismo, en el sector de Don Diego pretenden construir una represa para una hidroeléctrica. Los habitantes de este lugar han sido presionados por grupos ilegales, para que estén de acuerdo con este tipo intervenciones, y, por ende, estén en contra de los pueblos indígenas.

En estos sectores campesinos se creó una mesa de trabajo para deliberar sobre estas situaciones, en la cual participaron entes como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría y representantes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para concertar y encontrar posibles soluciones.

Al pueblo Wiwa, comunidad de Ulaka, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan de Cesar, La Guajira, recientemente se arrancó una piedra sagrada y se construyó una base militar, además, se ubicaron algunas antenas de telefonía. Este cerro, que, para esta comunidad pertenecía a uno de sus sitios sagrados para controlar enfermedades, ha sido la razón por la cual, en los últimos meses,diversos males han afectado a los pueblos indígenas.

José de los Santos Sauna, cabildo gobernador del pueblo Kogui, manifestó a OPINIÓN CARIBE, que estos proyectos no solo atentan contra los recursos naturales, sino también contra sus creencias ancestrales, “nosotros ya diagnosticamos que atentar ese cerro, nos debilitó, podemos hacer todos los trabajos espirituales posibles, pero no nos va a valer para nada, esperamos que no nos invada esa enfermedad”.

El líder indígena expresó su preocupación por las innumerables amenazas que han recibido los líderes de las diferentes comunidades de la Sierra, “los cabildos Kuankamo, Wiwa y Arhuaco, han recibido amenazas, razón por la que sus líderes han pedido protección del gobierno”. El 26 de enero de este año fue asesinada en la ciudad de Valledupar, Yoryanis Isabel Bernal, una líder que se desempeñaba como defensora de los derechos de las mujeres de la comunidad Wiwa, mostrando el calibre del problema que se está presentando en la región, donde se ha pasado de las amenazas al asesinato de sus representantes.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Albeis Fuentes Pimienta, consultado por OPINIÓN CARIBE, aclaró, que la Defensoría en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, y en su relación con la población indígena de la Sierra Nevada, “hemos recibido en los últimos meses algunas denuncias muy puntuales, de algunos líderes de Ette Ennaka, que han sido objeto de amenazas, de intimidaciones en contra de su vida, y de su integridad. Nos ha obligado a activar rutas especiales de protección desde el despacho del defensor regional, requiriéndole a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones pertinentes, esclarezca los hechos y encuentre a los responsables de estas intimidaciones”.

Otra de las razones que ha desatado las amenazas sobre los líderes y habitantes de los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada ha sido el proceso de restitución de tierras. Aunque para la oficina de Unidad de Víctimas en el Magdalena, en cabeza de su director Carlos Ortiz, en esta región del país no existen hasta el momento denuncias oficiales o que esta entidad tenga conocimiento de ello. Sin embargo, están trabajando y se ponen a su disposición para atender cualquier eventualidad. El pueblo Chimilaha interpuesto algunas denuncias, es una población con cinco asentamientos en cuatro municipios: Sabanas de San Ángel y Santa Marta, en el Magdalena; El Copey y Valledupar, en El Cesar (1.200 hectáreas), el juez admitió la demanda para iniciar el proceso judicial, confirmó la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena. En total son 11.200 hectáreas para restitución de derechos territoriales con beneficio para 2.400 personas.

Por otra parte, el Pueblo Kogui tiene una demanda lista para ser presentada ante los jueces para restituir derechos territoriales de esta comunidad Tugeka, ubicado en la cuenca del río Ancho en el municipio de Dibulla, La Guajira.

DATO IMPORTANTE

Al cierre de esta edición se dio a conocer que la Corte Constitucional modificó la ley 89 de 1980 que contenía la expresión ‘salvajes’ para referirse a los nativos y la eliminó. El organismo consideró que la expresión contenida en la ley desconocía la dignidad de los indígenas, violaba su diversidad étnica y era discriminatoria, por eso modificó la norma argumentando que ese tipo de expresiones va en contra vía de la dignidad humana de la Constitución de 1991. El ente explicó qué tal vez en ese momento este tipo de expresiones no eran consideradas discriminatorias, pero 127 años después la connotación histórica ha cambiado.