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Análisis

Muerte a la defensa social

Opinión Caribe

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En el informe anual de este año de la Organización de la Naciones Unidad, ONU, solo en el año 2016 fueron asesinadas un total de 128 personas, entre las cuales 68 pertenecían al movimiento político Marcha Patriótica y 63 a otras organizaciones.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó, que los responsables de estos asesinatos son los grupos posparamilitares, como es el caso del Clan del Golfo, sobre todo en los departamentos de Chocó y Antioquia.

Ante estas declaraciones, el ministro de defensa Luís Carlos Villegas expresó, que no existían dichos asesinatos sistemáticos en el país, ni mucho menos cometidos por los grupos paramilitares.

Ante este panorama, donde el Gobierno Nacional no aceptaba la realidad que vivía el país, otros entes gubernamentales se pronunciaron ante estos hechos. Tan así, que en un informe emitido por la Defensoría del Pueblo Nacional titulado “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos”, aparece que entre el 01 de enero de 2016 y el 01 de marzo de 2017, un total de 156 líderes sociales fueron asesinados en el territorio nacional.

El documento fue redactado después de un proceso de verificación en el terreno por parte de unos 200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo en diferentes zonas del país, el cual fue presentado ante un grupo de víctimas y líderes de los Montes de María y Córdoba, en un acto de reconocimiento y visibilización de su labor de reivindicación de los derechos fundamentales realizado en la vereda La Pava y en el municipio Mahates, Bolívar.

Además de esto, el informe señala la preocupación que embarga a la Defensoría del Pueblo sobre este creciente número de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, de los cuales han sido víctimas los diferentes líderes. En total, han sido asesinados 156 líderes, hay cinco por desaparición forzosa y 33 han sufrido atentados contra su vida.

Este informe establece que en catorce meses comprendidos entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017, se han registrado 156 homicidios contra los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos. Antioquia con 25; Arauca con 6; Atlántico aparece con 3; Bolívar con 6; Caldas 1; Caquetá 2; Casanare con 2; Cauca 44, Cesar con 4; Córdoba 8; Cundinamarca 9; Chocó 3; Huila con 1; La Guajira 2; Magdalena 3; Meta con 2; Nariño 7; Norte de Santander 8; Putumayo aparece con 3; Risaralda 5; Santander 1; Tolima 4; y Valle del Cauca con 7.

“Una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por ocupar los espacios del territorio abandonados por las Farc, para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”, informó Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo Nacional.

Según el Jefe del Ministerio Público, la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional en agosto del 2016 en La Habana, Cuba provocó que cientos de personas en varias regiones del país empezaran a ser víctimas no solo de amenazas y atentados, sino de ocasionar la muerte de muchos líderes sociales y comunitarios. Como lo establece dicho informe de la Defensoría, estas personas afectadas están ligadas al desarrollo de actividades en pro de la defensa de los territorios, en oposición a proyectos extractivos y muchos otros referentes a la pedagogía de paz territorial en el Posacuerdo.

Las principales regiones donde se ha presentado este flagelo son: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Por otra parte, el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, en medio de la presentación de las directrices para la protección efectiva de los derechos de los representantes de Derechos Humanos, aclaró, que “Los defensores de derechos no son enemigos del Estado, por lo contrario, son aliados en la defensa de la democracia, por tanto, es el momento de decir no más defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados”.

El Jefe del Ministerio Público propuso que uno de los objetivos de la directiva es dar a conocer la cifra de defensores de derechos humanos que han sido asesinados en los últimos años, porque no hay claridad sobre esta. Como lo mencionó el Procurador, hay incongruencias en las estadísticas dadas, ya que para el Gobierno solo han sido asesinados 82 líderes en las fechas planteadas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo habla de 156 muertos, mientras que el movimiento Marcha Patriótica afirma que son 173.

A pesar de esto, el procurador Carrillo establece que más allá de las estadísticas, “un solo líder muerto debe provocar el rechazo y la movilización ciudadana”.

Por tal razón, envió un mensaje a la ciudadanía para que, así como se hicieron grandes movilizaciones para rechazar la guerra, ahora es necesario movilizarse para defender la vida y rechazar la muerte de estos defensores de derechos humanos.

“La voz del nuevo país que está surgiendo de la paz llegue a oídos de los asesinos, y no habrá tolerancia, ni impunidad para sus crímenes, ni para quienes desde el Estado los protejan”.

Para Fernando Carrillo, la estigmatización, los prejuicios y los señalamientos, son el resultado de 52 años de guerra, los cuales convirtieron al país en el campeón mundial en violación de derechos humanos. Además, aclaró, que en esta nueva etapa que vive el país, tanto los defensores de derechos como los que pertenecen a la oposición y todas sus organizaciones derivadas no son enemigos del Estado, sino por lo contrario, son aliados importantes en la defensa de la democracia y apoyo para la construcción de un mejor país.

MAGDALENA, LIBRE DE ASESINATOS DE LÍDERES

En el caso del Magdalena, el ambiente es un poco más tranquilo, esto se debe al buen trabajo que adelanta el defensor Regional del Pueblo, Albeis Fuentes Pimienta, quien manifestó que, para el caso del Departamento, los líderes que han denunciado amenazas hacen parte de asociaciones de víctimas y de procesos de restitución de tierras.

“A principios de este año recibimos la denuncia de la amenaza de un poco más de 30 líderes pertenecientes a la mesa de participación de víctimas tanto departamental como distrital”, indicó el Defensor.

Con base en ello, la mesa de seguridad y protección para reclamantes de tierra en el Magdalena, expresa en un comunicado por correo electrónico enviado al Defensor del Pueblo del Magdalena y firmado con el seudónimo de ‘El Cóndor’, tenía como objetivo “advertir por segunda vez” que 16 líderes que participan en las Mesas de Víctimas de siete municipios del Magdalena no deben hacerlo en las próximas elecciones o serían asesinados. Ultimátum reiterado a través de llamadas amenazantes y presuntamente extorsivas contra una líder reclamante de tierras que aparece en dicho listado.

El informe nacional emitido por la Defensoría menciona a los diferentes entes afectados: el Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, los líderes de las Juntas de Acción Comunal, respeto por las víctimas de Tenerife, Fundación províctimas de La Secreta, asociación de desplazados de El Retén, mesa de víctimas del municipio de Pivijay, Fundación, Santa Marta, Chibolo, El Piñón y Plato, Asociación de mujeres desplazadas del Magdalena, asumidos por Fundación y personeros municipales.

Sin embargo, el Defensor aclaró, que en los últimos días han recibido denuncias de líderes de otras asociaciones sindicales en Santa Marta, las cuales son investigadas con el ánimo de brindar protección a las personas que así lo requieran.

“No ha habido una sola muerte en el Magdalena en este año, por tanto, debe ser ejemplo en la etapa del posconflicto”.

Esta estadística es favorable para esta región, porque ha sido consecuencia de un trabajo de prudencia realizado por su equipo de trabajo en los procesos de denuncia y posterior informe a la opinión pública, pero, además, por la estrategia que ha implementado en el transcurso de este año en conjunto con los coroneles tanto de la Policía como del Ejército de la región. En estas reuniones, que se llevan a cabo de manera periódica, el Defensor del Pueblo solicita información a estos entes acerca de lo que se trabaja en cada caso y cuáles son los resultados que hasta el momento han obtenido.

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