¿Están Santa Marta y el Magdalena preparados para los retos del posconflicto?

Por Marcela Escandón Vega

El pasado 27 de junio la guerrilla más antigua de América Latina oficializó la entrega de 7.132 armas individuales a delegados de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Colombia1. En efecto, a pesar de las críticas y reparos a las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, el proceso dio resultado en tanto el grupo armado ilegal ha cesado sus acciones militares, lo cual se ha traducido en indicadores positivos como la reducción en la tasa de homicidios, pasando de 69.6 por cada cien mil habitantes en 2012 a 26.3 en 20152 y la disminución de 97% en el número de soldados heridos en combate entre 2011 y 2017 (pasando de 424 soldados a 123).

Ahora bien, aunque existen otros grupos armados y bandas criminales, es innegable que Colombia tiene hoy miles de armas y combatientes menos en sus campos. Aunque el proceso haya tenido desaciertos y asuntos importantes por mejorar, como las controversias en torno a las Zonas Veredales (demoras, costos, controles y demás), lo cierto es que nos plantea un nuevo escenario para el país, con importantes consecuencias políticas, económicas y sociales.

Sin llegar a caer en ingenuidades o en la ausencia de una postura crítica, es importante reconocer que Colombia se encuentra en un momento de transición, el cual requiere afrontar una serie de retos para definir cuál es el país que queremos, entre ellos: (1) generar un contexto propicio para la reinserción y la reconciliación; (2) responder con altura a una pequeña pero prometedora ola de empoderamiento ciudadano. Por supuesto existen otros desafíos.

Sin embargo, se resaltan estos dos por su importancia, por el rol fundamental que juegan los ciudadanos en ellos y por el impacto que tendrán en cada una de las regiones del país.

Así, adaptando la frase del importante historiador Malcolm Deas, quien afirmó para el caso colombiano, que “la historia nacional se define en las regiones”4, puede decirse que el posconflicto colombiano se definirá en las regiones. Teniendo en cuenta esto, resulta fundamental preguntarse hoy si la región Caribe, y específicamente el departamento del Magdalena y su capital, están preparados para los retos que implica el importante momento histórico que vivimos.

SANTA MARTA Y EL MAGDALENA EN LOS MÚLTIPLES CONFLICTOS

Pero, si el Magdalena no es una de las zonas de presencia histórica de las Farc, y ni siquiera se estableció en él ninguna de las zonas de concentración de la guerrilla, ¿por qué preocuparse del posconflicto en el Departamento y su capital? ¿Qué tienen que ver samarios y magdalenenses con los desmovilizados y su futuro?

Históricamente, Santa Marta y otras poblaciones del actual departamento del Magdalena han sido parte fundamental de muchos de los conflictos internos del país. Además de la ya conocida posición a favor de los españoles de varios influyentes personajes samarios durante el final del periodo colonial.

Vale la pena mencionar episodios menos conocidos pero de gran relevancia en la historia nacional, como los levantamientos en contra del lejano y odioso Gobierno Nacional que se dieron en Santa Marta y Ciénaga en el marco de la Guerra de los Supremos (1839-1841).

Este episodio, que marca el nacimiento de los partidos políticos Liberal y Conservador y define el inicio de la vida republicana independiente de Colombia, mostró no sólo la desconexión entre lo nacional y lo regional, las pretensiones federalistas, el descontento y tensiones intrarregionales por las viejas rivalidades entre Santa Marta, Riohacha, Cartagena y Sabanilla, Barranquilla.

Santa Marta era entonces el principal puerto de comercio exterior del país y los recursos de su aduana eran la principal renta de del Gobierno Nacional, pero la debilidad económica de la región, la falta de líderes políticos capaces de articular el descontento regional y superar las tensiones internas, hicieron que proyectos como el estado soberano de Manzanares fracasaran y que el Gobierno Nacional derrotara los levantamientos locales5.

Finalizando el siglo XIX, durante la Guerra de los Mil Días (1899-1903), el Magdalena vuelve a ser un territorio estratégico en el conflicto al impedir la llegada de suministros a los liberales que dominaban el puerto de Riohacha.

De este modo, el siglo XX colombiano nació con la herencia de la guerra, que en la Costa se manifestaba con los intentos liberales por tomarse la ciudad de Santa Marta y otras poblaciones del Magdalena como Ciénaga.

Los generales derrotados huyeron al extranjero para reorganizarse6 y Santa Marta avanzaría en el siglo XX relativamente al margen de conflictos como las revueltas de El Bogotazo y La Violencia de la década de los 50.

Solo hasta el conflicto armado posterior, con la bonanza marimbera, la consolidación del narcotráfico y el surgimiento de nuevos actores como las guerrillas y los grupos paramilitares, el Magdalena volvería a ser epicentro de acciones violentas sistemáticas.

¿Por qué es importante cuestionarnos como samarios y magdalenenses por nuestro papel en el conflicto y su posterior superación? Porque es importante conocer los orígenes de las múltiples violencias que ha vivido nuestro territorio y porque actualmente hay registradas en el Departamento 327.700 víctimas (el 4% del total nacional) y en su territorio ocurrieron 565.106 eventos en el marco del conflicto, siendo el tercer departamento con más incidentes y víctimas, después de Antioquia y Bolívar7.

RETO NO. 1: REINSERCIÓN Y RECONCILIACIÓN ¿CÓMO APORTAR?

Empleo, atención en salud, educación, asesoría en proyectos productivos, vivienda digna, y en general, una atención integral para los desmovilizados. En estos aspectos se ha concentrado buena parte del esfuerzo institucional, liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (que a partir de 2017 se denomina Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN-). Sin embargo, ¿acaso no es esto lo que necesitan todos los ciudadanos? ¿Cómo respaldar todo este apoyo a quienes antes eran victimarios cuando otros ciudadanos viven en la pobreza extrema, desatendidos por el Estado?

Pues bien, es por eso que el reto de la reinserción viene de la mano del de la reconciliación. No es posible avanzar como sociedad, superar rencores romper ciclos de violencia y venganzas hasta que no se elimine la idea de que el goce de derechos de unos significa una pérdida para todos.

Si un grupo de personas recibe atención del Estado ganamos todos: crece la economía, disminuye la delincuencia, aumenta el bienestar general. Pero, ¿estamos dispuestos a aceptar esto?

Al respecto, resulta importante construir sobre la memoria y aportar a la sociedad en general, en lugar de exigir perdón y olvido. El perdón es deseable, pero no exigible, y como sociedad en general debemos trabajar para conseguir mayores oportunidades para todos, incluyendo a quienes antes hicieron mucho daño.

El Magdalena es el séptimo departamento con más desmovilizados vinculados al proceso de reintegración y el cuarto en formulación e implementación de proyectos productivos, cuyo propósito es contribuir a la sostenibilidad económica del núcleo familiar de las personas en proceso de reintegración8.

Ahora bien, ante toda esta inversión, vale la pena preguntarse si los samarios y magdalenenses apoyarían estos planes de negocio y microempresas comprando sus productos y servicios, y generando un buen ambiente para ellos en la comunidad. También, si estaremos en capacidad de estudiar, trabajar y convivir día tras día con antiguos combatientes.

No se trata de olvidar el pasado ni abandonar el derecho a ser críticos y hacer control social a procesos tan importantes como este. Se trata de reconocer que no es posible contribuir al futuro del país en el marco del posconflicto sin una postura constructiva que permita superar los odios y crear oportunidades para todos.

RETO NO. 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUPERACIÓN DE LA POLARIZACIÓN

Otro proceso importante reciente es el del aumento de la participación ciudadana a través de mecanismos formales e informales. Tenemos algunas figuras como las consultas populares, creadas por la Constitución de 1991 para que los ciudadanos se pronuncien sobre temas que los afectan y tomen decisiones en lugar de esperar a que mandatarios locales o políticos nacionales decidan por ellos.

Algunos han sido utilizados ampliamente (como las mencionadas consultas), otros poco conocidos, (como creación de municipios e iniciativa legislativa ciudadana) y otras que nunca han surtido efecto (como la revocatoria del mandato).

En el caso de Santa Marta y el Magdalena estos mecanismos han sido poco utilizados, tal como se muestra en la tabla No. 1, siguiendo una tendencia nacional no solo en términos del poco uso de los mecanismos, sino en la escasa efectividad de los mismos, pues estas iniciativas, en su mayoría, no llegan al final de su trámite, o por escasa votación, no llegan a implementarse finalmente.

Pese a esta tendencia, el 2017 se destaca por contar con un gran número de revocatorias de mandato (cerca de 100 en proceso, incluyendo la de Bogotá, la capital del país) y consultas ciudadanas (más de 40 en proceso y varias ya implementadas exitosamente).

Esta explosión de iniciativas de participación es positiva en términos de involucramiento ciudadano en asuntos colectivos, aumento del control social a procesos públicos y expresión de la oposición a mandatarios locales y decisiones públicas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta la enorme responsabilidad que acarrean, por ejemplo, para el ejercicio de la oposición responsable, pues se debe revocar a un mandatario cuando incumpla sus promesas de campaña o tome decisiones en contra del interés general y no por simples desacuerdos políticos.

En el caso de las consultas, los costos y las posibles consecuencias son igualmente trascendentales, sobre todo en términos económicos y medioambientales.

Al respecto, cabe destacar que en 2017, 44 municipios decidirán si proyectos minero-energéticos iniciarán o continuarán en sus territorios. Así, lo que se definirá en las urnas son importantes temas locales como la vocación económica del municipio, la conservación de recursos naturales, el empleo, entre otros.

Ahora bien, con respecto a los mecanismos informales de participación, no se puede dejar de lado la ambigua influencia de las redes sociales y espacios digitales de información y debate públicos. Por un lado, son una oportunidad invaluable de empoderamiento ciudadano, brindan todas las herramientas para el control social efectivo, la denuncia, el seguimiento a la corrupción y el intercambio de ideas. Pese a esto, si no se utilizan de manera responsable, son el escenario ideal para la calumnia, la desinformación, la manipulación de datos, la reproducción de odios, la propaganda falsa, entre otros.

De este modo, hemos visto como tanto a niveles nacional, regional y local, figuras públicas contribuyen a la polarización política en lugar de promover un debate político con argumentos.

 ¿QUÉ HACER?

Lo importante que se puede derivar de estas líneas es la relevancia del ejercicio de una ciudadanía informada y responsable.

Responsable a la hora de hacer críticas constructivas en los foros públicos, de respaldar los procesos de reincorporación de victimarios a sociedad civil, de hacer seguimiento a los políticos y sus decisiones, de decidir el voto luego de analizar con profundidad propuestas de campaña, de respetar la participación política de antiguos combatientes y valorar sus propuestas, de superar los prejuicios y la estigmatización hacia los desmovilizados, de atacar ideas y no a las personas, de concienciarse sobre el uso de las redes sociales.

Estos pequeños ejercicios diarios harán la diferencia a la hora de superar el conflicto armado interno y para construir un mejor departamento del Magdalena, una mejor Santa Marta, una mejor Colombia.