Fiscalía acusa a exdirectivos de la Nueva EPS por ocultamiento de facturas y desvío de más de $70.000 millones

La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente una acusación contra cuatro antiguos directivos de la Nueva EPS, señalados de ejecutar un esquema de ocultamiento contable que permitió simular utilidades y retrasar la intervención estatal de la entidad, en un periodo comprendido entre 2019 y 2023.

Los acusados son José Fernando Cardona Uribe, expresidente; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabián Alberto Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. Según el escrito de acusación, bajo su dirección se dejaron de procesar cerca de 14 millones de facturas de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que permitió ocultar pasivos y reflejar una falsa estabilidad financiera.

La Fiscalía les imputa cargos por peculado por apropiación, falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control en recursos del sector salud. El presunto ocultamiento de información habría generado un desvío cercano a los $70.500 millones de pesos, dinero que, según el ente investigador, nunca fue reportado de manera adecuada en los balances oficiales de la EPS.

Con este mecanismo, la Nueva EPS habría evitado que la Superintendencia Nacional de Salud detectara a tiempo el deterioro patrimonial de la compañía, aplazando la intervención que finalmente ocurrió en abril de 2024.

La omisión de esas facturas tuvo repercusiones directas en el sistema, ya que las IPS dejaron de recibir pagos oportunos, acumulando deudas que se suman a los más de $32 billones que adeudan en conjunto las EPS a hospitales y clínicas del país. Solo la Nueva EPS cerró 2022 con pasivos superiores a los $5 billones, situación que comprometió la atención de millones de afiliados.

La Junta Directiva de la Nueva EPS respondió que nunca fue informada formalmente sobre la existencia de facturas sin contabilizar y que los informes de auditoría externa, a cargo de firmas como Deloitte y KPMG, no registraron salvedades en los estados financieros de los años investigados.