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El Magdalena, la cara de la violencia de la “Paz Total”
Los homicidios, las masacres y los ataques a pueblos indígenas alcanzan niveles históricos en 2025, mientras la presencia del Estado sigue siendo insuficiente para contener la violencia que, desde el año 2020, ha dejado 2.850 víctimas. A falta de un mes para cerrar el año, el departamento registra más de 580 asesinatos, con seis municipios que concentran el 81 % de los casos, y Santa Marta encabezando la lista.
Por: Arnol Sarmiento
El departamento del Magdalena atraviesa en el 2025 el momento más crítico de su historia reciente en materia de seguridad. La violencia armada, las disputas por economías ilegales, el control territorial y el avance de estructuras paramilitares han generado un escenario de descomposición que, según alertas oficiales y reportes de organismos de derechos humanos, supera todo lo registrado en los últimos cinco años. Los homicidios, masacres, feminicidios, desplazamientos y ataques a comunidades indígenas evidencian un espiral de violencia que no muestra signos de contención.
Entre 2020 y 2025, el Magdalena registró más de 2.850 homicidios, según datos de Medicina Legal. La tendencia es ascendente: en 2020 se reportaron 287 asesinatos, pese al confinamiento; en 2021 fueron 374; en 2022, 500; en 2023 se disparó a 536; y en 2024 alcanzó 573. Pero 2025 rompió todos los récords: a falta de un mes para finalizar el año, los homicidios superaron las 580 víctimas, afectando a los 30 municipios del departamento.
El incremento de masacres también es preocupante. Entre 2020 y 2025, se registraron 22 masacres: 2 en 2020 (6 víctimas), 3 en 2021 (9 víctimas), 4 en 2022 (12 víctimas), 7 en 2023 (22 víctimas), 3 en 2024 (10 víctimas) y 3 en 2025. Estos hechos reflejan una violencia organizada y sistemática, más allá de episodios aislados.
La gobernanza de un GAO que impone “justicia” en Santa Marta
Un informe de Yulmer Pérez Galvis, basado en datos de Medicina Legal, detalla la magnitud del colapso en 2025. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se registraron 571 homicidios, incluidos 35 feminicidios, lo que equivale a casi dos asesinatos diarios. La violencia se concentra en seis municipios, que concentran el 81 % de los casos: Santa Marta (166), Zona Bananera (95), Ciénaga (94), Fundación (51), Aracataca (30) y Pivijay (29). Solo el Distrito de Santa Marta agrupa el 29 % de todos los asesinatos del departamento.
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En el Magdalena, los fenómenos violentos, cómo homicidios, no solo son cifras: dibujan un mapa de riesgo sobre la vida cotidiana en el territorio. A partir de datos de Medicina Legal, comparto este hilo para mirar de frente la magnitud del problema y abrir una discusión… pic.twitter.com/iA0On9QEjD— Yulmer Pérez Galvis (@YulmerPerez) December 3, 2025
En cuanto a feminicidios, los datos también reflejan concentración territorial: Santa Marta registró 9 casos, Fundación 6, Zona Bananera 5 y Ciénaga 4. Estos cuatro municipios representan alrededor del 69 % de los feminicidios, confirmando que se trata de un fenómeno estructural de violencia de género. Otros municipios con cifras relevantes incluyen El Banco (16), Pueblo Viejo (14), El Retén (12) y Nueva Granada (11).
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Este panorama se ha desarrollado en los periodos de gobierno de los expresidentes Iván Duque y Gustavo Petro, así como durante las administraciones departamentales de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, bajo cuyo mandato los homicidios alcanzaron cifras históricas.
La crisis humanitaria impacta con especial crudeza a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Reportes documentan asesinatos atroces, como los del niño Wiwa de 7 años y un joven de 30 calcinados en Palmor; los líderes Arhuaco Wilfrido Segundo Izquierdo, mamo Arhuaco Julio Zalabata y líder Kogui Daniel Nolavita; y el reciente asesinato de la etnoeducadora Wiwa Elisabeth Nieves Mojica. Además, más de 300 indígenas han sido desplazados por enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La niñez cercada por la violencia: siendo víctimas o instrumento de ella
Los patrones de violencia incluyen violaciones, instrumentalización de comunidades, restricciones a la movilidad espiritual, profanación de lugares sagrados y uso de atuendos indígenas para encubrir operaciones armadas. Todo ocurre en medio de la ausencia estatal y sin presencia efectiva del Estado en zonas donde el conflicto se intensifica.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 020-25, que advierte sobre el riesgo extremo en la Sierra Nevada y su zona de influencia. Identifica amenazas derivadas de la disputa entre el EGC y las ACSN por corredores estratégicos usados para narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y control del turismo. Los municipios con riesgo elevado son Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo.
La Defensoría alerta dominio paramilitar en el Magdalena, Cesar y La Guajira
La Defensoría documentó homicidios, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, “exterminio social” de jóvenes y poblaciones estigmatizadas, castigos físicos difundidos en redes, desplazamientos, confinamientos y uso de explosivos en zonas indígenas. Los pueblos más afectados incluyen Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu y Ette Ennaka.
Entre las recomendaciones, se destacan declarar la Sierra Nevada como Región de Paz, garantizar la autonomía de los pueblos indígenas, avanzar en medidas cautelares otorgadas por la CIDH al pueblo Wiwa y cumplir con la Sentencia 004 de 2018 sobre restitución de derechos territoriales.
El Magdalena enfrenta un momento decisivo: el incremento sostenido de homicidios, la expansión de economías criminales, el avance paramilitar, el riesgo de exterminio físico y cultural de pueblos indígenas, y la ausencia efectiva del Estado configuran un escenario que, según organismos nacionales e internacionales, exige intervención urgente y sostenida antes de que la crisis humanitaria alcance un punto irreversible.
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