Cuando el Estado quiere, puede

Derrotar al crimen es una decisión política. Permitir su existencia, también lo es.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Colombia ya aprendió esta lección. La escribió con sangre, la sostuvo con presupuesto, la defendió con inteligencia militar y la capitalizó políticamente. Pero hoy parece olvidarla: derrotar al crimen organizado no es un accidente histórico ni una casualidad estratégica.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el Estado tomó una determinación clara: golpear el corazón de las FARC. No contener. No administrar. No coexistir. Golpear. La ofensiva estratégica entre 2002 y 2010 alteró de manera directa el equilibrio militar de la guerrilla. La operación que dio de baja a Raúl Reyes en 2008 y la caída de Mono Jojoy en 2010 no fueron hechos aislados: fueron mensajes estructurales.

La cúpula no envejeció hasta extinguirse. Fue obligada a replantear su viabilidad. La presión militar sostenida cambió el cálculo político de la organización. Años después, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, ese desgaste se transformó en negociación. El proceso de paz iniciado en 2012 y firmado en 2016 no surgió de la benevolencia insurgente. Surgió de una correlación de fuerzas adversa para la guerrilla.

Primero fue la presión. Luego fue la negociación. Ese orden importa.

Hoy el escenario es distinto. Las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo no están en repliegue estratégico. Están en expansión territorial y financiera. Controlan corredores, disputan rentas ilegales, infiltran economías locales y reconfiguran mapas de poder en regiones enteras, incluida la Costa Caribe.

La pregunta incómoda no es si el Estado tiene capacidad. La pregunta es si tiene decisión.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 Colombia registró 253.000 hectáreas de coca, el nivel más alto en décadas. En 2024 se contabilizaron 76 masacres, 279 secuestros y 719 víctimas por minas antipersonal. Además, se estima un incremento del 15 % en los integrantes de grupos armados organizados. No es percepción. Es estadística.

Cuando los cultivos ilícitos crecen, cuando las masacres se estabilizan en cifras inaceptables, cuando el reclutamiento aumenta, no estamos frente a fenómenos meteorológicos. Estamos frente a decisiones —o a la ausencia de ellas—.

Derrotar al crimen es una decisión política. Permitir su existencia también lo es.

Algunos argumentarán que el contexto es diferente. Que el narcotráfico es más fragmentado. Que los grupos son híbridos. Que la criminalidad mutó. Todo eso es cierto. Pero también lo es que el Estado colombiano no es más débil que en 2002. Tiene mayor capacidad tecnológica, mayor experiencia operativa y una estructura institucional más robusta.

Lo que cambió no es la herramienta. Es la intensidad con que se usa. En los años noventa y dos mil, la cooperación con Estados Unidos fortaleció la inteligencia, la interdicción aérea y la capacidad de rastreo financiero. El narcotráfico no es un fenómeno local; es transnacional. Cuando el crimen coordina cadenas globales, el Estado no puede actuar fragmentado ni desarticulado. Sin metas claras, sin indicadores verificables y sin mando unificado, cualquier ofensiva se diluye.

La política de seguridad no puede oscilar entre el maximalismo retórico y la contención pasiva. Requiere un acuerdo de Estado real, no un eslogan. Implica mando unificado, metas trimestrales verificables, golpe financiero sostenido, control territorial permanente —no operaciones relámpago—, sustitución económica viable y cooperación internacional técnica con reglas transparentes. Lo contrario es administrar la crisis.

Y administrar la crisis es aceptar que el crimen tenga un espacio funcional dentro del sistema. La historia reciente demuestra que los grupos armados negocian cuando sienten que pierden. No cuando sienten que el Estado tolera su crecimiento. No cuando perciben vacilación estratégica. No cuando interpretan que el poder político está más concentrado en justificar resultados que en producirlos.

Colombia no necesita reinventar estrategias. Necesita recordar lo que ya demostró: la presión sostenida modifica conductas. La firmeza coherente altera incentivos. El control territorial continuo desarticula economías ilegales.

Cuando el Estado quiere, puede. Pero querer no es declarar. Es ejecutar. Es sostener. Es medir. Es corregir. Cada hectárea de coca que crece es una decisión diferida. Cada corredor dominado por estructuras criminales es un vacío ocupado. Cada cifra de secuestro o masacre que se normaliza es un estándar moral que desciende.

En seguridad, como en política, la omisión también es una decisión. La historia colombiana ya probó que el crimen no es invencible. Lo que está en discusión no es la capacidad del Estado, sino su determinación.

Y en esa determinación se define una época.