Editorial & Columnas
La crisis en el Parque Tayrona no es un problema de paz ni un problema ambiental ni un problema turístico. Es los tres a la vez. Y el Gobierno los está manejando por separado
El núcleo del problema es que cinco entidades nacionales actúan simultáneamente sobre el mismo territorio con lógicas contradictorias y sin conducción única: El Ministerio de Defensa persigue a las ACSN. La Oficina del Comisionado las negocia. Parques Nacionales cierra el parque. El Ministerio de Ambiente instala un PMUA. El Ministerio de Comercio convoca una mesa. El presidente anuncia la creación de una Entidad Territorial Indígena y la construcción de una estación de carabineros. La inversión pública prometida a las comunidades campesinas como Transformación del Territorio sigue sin llegar. Ninguno habla con los demás. El resultado lo paga Santa Marta.
Mientras tanto, ese parque que —según COTELCO Magdalena— moviliza cerca de 330.000 millones de pesos anuales en actividad económica y recibió más de 818.000 visitantes en 2025, completa 7 días cerrado. Los operadores turísticos no tienen reservas. Los guías no tienen trabajo. Los hoteles del corredor pierden cada día los ingresos que sostienen empleos reales.
Eso es lo que está ocurriendo en Santa Marta mientras se firman acuerdos de paz en Bogotá.
Cuatro hechos recientes confirman las advertencias de la Alerta Temprana 020/2025 de la Defensoría del Pueblo sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, y validan las recomendaciones que la Alta Consejería para la Paz del Distrito ha formulado durante meses.
El 17 de febrero, Parques Nacionales expidió la Resolución 091 cerrando indefinidamente el Parque Nacional Natural Tayrona por pérdida de control territorial, amenazas a guardaparques y bloqueos en los accesos de El Zaino, Calabazo y Neguanje.
Un día después, el 18 de febrero, la Oficina del Comisionado de Paz, a cargo de Otty Patiño, confirmó la firma del Acuerdo Marco del Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN, comprometiéndolas a proteger a la población civil, a los niños, niñas y adolescentes, y a no interferir en el proceso electoral.
Sin embargo, el 20 de febrero el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló de manera directa a las mismas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada como responsables del cierre del Tayrona, por actividades ilegales que escalaron hasta la extorsión contra comunidades y operadores turísticos.
El 21 de febrero, el presidente Petro publicó en su cuenta de la red social X el pronunciamiento «No más paracos en la Sierra» y anunció el establecimiento de una Entidad Territorial Indígena, la firma de un nuevo Decreto de Línea Negra en las playas de Santa Marta, y la instalación de una estación de carabineros en el Parque Tayrona.
De manera simultánea, el Ministerio de Ambiente instaló un Puesto de Mando Unificado Ambiental (PMUA) con participación de los ministerios de Defensa e Interior, la Alcaldía de Santa Marta y la Alta Consejería para la Paz del Distrito.
Como Consejera de Paz de la administración de Carlos Pinedo Cuello, que ha respaldado al presidente en su política de paz, no me corresponde señalar responsables. Sí debo decir con total claridad que llevo meses advirtiendo lo que ocurriría en perjuicio de nuestro territorio.
En los despachos del Presidente Gustavo Petro, del Comisionado de Paz, de los Ministerios del Interior, Ambiente y Defensa, de la Fiscalía y del Ministerio Público, reposan todas las advertencias que con debida diligencia generamos sobre distorsiones en la conducción del espacio sociojurídico de paz, que debían corregirse de manera urgente para impedir la consumación de hechos victimizantes y el fortalecimiento de estructuras al margen de la Ley. Ese registro documental es público y verificable.
Aún hoy, pese a la gravedad de los hechos, se percibe una desconexión entre la postura de la Oficina del Comisionado de Paz —que valida un «desescalamiento de la violencia ejercida por las ACSN»— y el Ministerio de Defensa, que ratifica que esa organización persiste en extorsión, asesinatos, desplazamientos y amenazas contra funcionarios públicos. Santa Marta no puede ser escenario de esa contradicción, puesto que tiene graves consecuencias para su ciudadanía.
La Alta Consejería para la Paz del Distrito forma parte del PMUA. Estamos en esa mesa y hemos planteado con claridad la posición del Distrito: el análisis de la seguridad en Santa Marta no puede desconocer que las ACSN —señaladas como responsables de los principales repertorios de violencia en el territorio— son, al mismo tiempo, parte activa de un proceso de paz con el Gobierno nacional. Esta dualidad no es una contradicción que deba resolverse antes de actuar: es el contexto en el que la política de seguridad debe operar, y exige coherencia entre quienes la conducen.
Este 22 de febrero se cumplió un año del Foro Internacional por la Paz en Guachaca, que reunió a más de 9.000 campesinos, indígenas, defensores de Derechos Humanos, autoridades territoriales y organismos multilaterales. La Proclama de Guachaca sigue vigente: desmontar las economías ilícitas, recuperar la soberanía territorial, transformar el modelo ecoturístico para que sirva a las comunidades, reparar a las víctimas y prevenir el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. Esos compromisos siguen sin cumplirse en su totalidad. El Tayrona cerrado es la prueba más reciente.
En coherencia con ese antecedente, reconocemos el Acuerdo Marco del 18 de febrero como un paso en el proceso sociojurídico. Los compromisos de protección a la población civil y a los niños, niñas y adolescentes son, en su formulación, lo que la ciudadanía samaria necesita que ocurra en el territorio.
Pero ese acuerdo se firma un día después de que el Ministerio de Defensa señalara responsabilidades al mismo grupo en los hechos del Parque Tayrona. Esa contradicción no debilita el valor del acuerdo: exige que sus mecanismos de verificación sean suficientemente robustos para que los compromisos firmados en Bogotá tengan consecuencias reales en el terreno.
En ese mismo territorio, el Pueblo Kogui del Magdalena tiene razones históricas para reclamar mayor participación en la gestión del Tayrona. Ese territorio es ancestral. Su demanda de coadministración merece una respuesta de fondo, no medidas de orden público.
El Distrito de Santa Marta respalda esa conversación con todos los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Por eso el 27 de febrero, en la Secretaría de Gobierno Distrital, facilitaremos la mesa de diálogo entre las comunidades indígenas y las entidades del Estado.
Nombrar esa reivindicación con honestidad no es incompatible con advertir, también con honestidad, que el Ministerio Público ha señalado la presencia de actores armados en el mismo territorio donde ocurrió la protesta, y que esa realidad debe abordarse sin confundir a las comunidades campesinas e indígenas con los violentos.
La gente en Santa Marta reclama decisiones concretas, no señalamientos, no excusas, no mirar hacia otro lado.
Esperamos que en la mesa del 27 de febrero se definan con claridad las condiciones para la reapertura del Tayrona, incluyendo el fortalecimiento de capacidades locales de la Fuerza Pública. Esperamos que la Policía y la Fiscalía entreguen resultados en su lucha contra la extorsión. Y esperamos que los compromisos del Acuerdo del 18 de febrero cuenten con un mecanismo robusto de monitoreo y verificación.
En ese contexto, estas son nuestras peticiones al Gobierno Nacional:
- Verificación con consecuencias reales: Que la MAPP-OEA y la Misión de Verificación de la ONU sean investidas de un mandato explícito de verificación —no solo de acompañamiento— con capacidad de activar la suspensión de beneficios jurídicos ante incumplimientos documentados. El acuerdo del 18 de febrero necesita establecer de forma transparente las consecuencias de los incumplimientos, no solo el listado de los compromisos.
- Reapertura del Tayrona con gobernanza restaurada: Que su apertura no ocurra antes de que la gobernanza institucional esté plenamente restablecida, con presencia efectiva de la Fuerza Pública y con la instalación formal de la mesa de coadministración con los pueblos indígenas. Una reapertura apresurada que no resuelva el conflicto de fondo reproduce las condiciones del cierre.
- Integración de la Alerta Temprana 020-25 al proceso sociojurídico: El Plan de Acción de la Defensoría del Pueblo debe ser componente formal del proceso con las ACSN, con participación directa de ministerios y del Distrito de Santa Marta. El PMUA del 21 de febrero es el punto de partida, no el destino.
La paz en la Sierra Nevada es una causa justa. Persistimos en esa convicción, conscientes de que Colombia tendrá presidente electo en junio de 2026 y de que, para el conflicto armado en la Sierra, esa transición es una coyuntura de riesgo que debemos conjurar juntos.
El proceso de paz tiene valor únicamente si sus mecanismos sobreviven un cambio de gobierno. Eso exige construirlo sobre instituciones, no sobre voluntades personales.
El Distrito de Santa Marta, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Pinedo Cuello, mantiene su disposición plena para coordinar con el Gobierno Nacional y garantizar que ninguna familia samaria quede desprotegida ante el conflicto armado que define esta hora de nuestra ciudad.
Jennifer Del Toro Granados
Alta Consejera para la Paz y el Postconflicto
Distrito de Santa Marta
22 de febrero de 2026
