HOSPITALES DEL MAGDALENA DEBEN MÁS DE $9.572 MILLONES EN FACTURAS DE ENERGÍA

Un reporte conocido por Opinión Caribe registra obligaciones por $9.572.127.027 correspondientes a hospitales públicos discriminados por municipios del Magdalena. Ciénaga concentra $4.695 millones, casi la mitad de toda la cartera. Aunque estas instituciones tienen protección constitucional frente a cortes que puedan poner en riesgo a los pacientes, esa condición no las exonera de pagar. Las ESE, además, cuentan con mecanismos presupuestales y fuentes de financiación para garantizar sus gastos de operación, entre ellos la energía.

Por: Arnol Sarmiento

Los hospitales públicos del Magdalena consumen energía las 24 horas. La necesitan para mantener la atención a sus pacientes. Pero llevan meses, posiblemente años, sin pagarla. El resultado es una cartera de $9.572.127.027 que hoy aparece registrada frente a Air-e y que nadie, hasta ahora, había puesto sobre la mesa.

Una deuda superior a los $9.572 millones por consumo de energía eléctrica se acumula entre hospitales públicos del Magdalena, justo cuando el país discute la falta de liquidez del sector eléctrico y los organismos de control llaman a las entidades oficiales a ponerse al día con sus obligaciones.

El cuadro conocido por Opinión Caribe registra una cartera total de 9.572.127.027 y deja un caso que sobresale ampliamente: Ciénaga aparece con 4.695.470.440, equivalente al 49,1 % de todo el saldo reportado.

Prácticamente uno de cada dos pesos de esta cartera corresponde a Ciénaga.

Le siguen El Piñón, con $585.805.300; Puebloviejo, con $564.838.963; Cerro de San Antonio, con $531.548.717; y Concordia, con $491.533.790. Junto con Ciénaga, estos cinco municipios concentran aproximadamente el 71,8 % de toda la deuda registrada.

Protección constitucional no significa energía gratis

Los hospitales no pueden ser tratados como cualquier usuario moroso. La electricidad sostiene urgencias, quirófanos, equipos médicos, unidades de cuidado intensivo, refrigeración de medicamentos y otros servicios directamente relacionados con la vida y la salud de los pacientes.

La Corte Constitucional ha establecido, a través de su jurisprudencia sobre servicios públicos domiciliarios y derechos fundamentales, límites claros a la suspensión del suministro cuando la medida compromete derechos fundamentales o impide el funcionamiento de establecimientos especialmente protegidos, entre ellos los hospitales. Esa línea jurisprudencial tiene raíces en sentencias tempranas como la T-406 de 1992 y la T-578 de 1992, que vincularon los servicios públicos con la garantía de derechos fundamentales, y se desarrolló posteriormente en decisiones que regularon las condiciones bajo las cuales puede operar la suspensión del servicio.

La Sentencia T-1205 de 2004 aplicó esa protección directamente al caso de un hospital que enfrentaba interrupciones de energía mientras mantenía obligaciones económicas con la empresa prestadora. La Corte consideró que un corte capaz de poner en riesgo a los pacientes podía vulnerar derechos fundamentales.

Pero esa protección tiene un límite determinante: impedir que se ponga en riesgo la vida de los pacientes no extingue la deuda del hospital.

Las ESE continúan obligadas a pagar la energía que consumen. Las facturas pueden ser reclamadas judicialmente y los mecanismos de concertación o acuerdos de pago pueden utilizarse para normalizar las obligaciones.

En otras palabras, la Constitución protege el funcionamiento del hospital, no el incumplimiento de sus obligaciones financieras.

La energía es un gasto que debe ser presupuestado

La discusión, por tanto, no se reduce a determinar si Air-e puede cortar o no el suministro.

Una Empresa Social del Estado debe organizar anualmente su presupuesto y garantizar los gastos indispensables para mantener abierta y funcionando la institución. Energía, agua, aseo, mantenimiento y otros servicios públicos forman parte de esa operación.

Esto no significa que exista un giro mensual del Gobierno Nacional denominado específicamente «recursos para pagarle la energía a Air-e».

Las ESE financian su funcionamiento mediante diferentes fuentes: ingresos obtenidos por la prestación de servicios de salud, recursos provenientes del sistema, transferencias y aportes territoriales y otros mecanismos establecidos para sostener la red pública.

Entre ellos está el Subsidio a la Oferta, destinado en determinados casos a apoyar los gastos de operación de Empresas Sociales del Estado. No todas las ESE son necesariamente beneficiarias, ni esos recursos corresponden exclusivamente al pago de electricidad.

Además, el sistema cuenta con mecanismos como el giro directo de recursos a IPS y proveedores, que buscan mejorar la liquidez de los prestadores de salud. No se trata de una bolsa exclusiva para energía, pero sí forma parte del flujo financiero con el que funcionan estas instituciones.

Por eso, el cuadro conocido por Opinión Caribe no permite afirmar todavía que determinado gerente recibió el dinero para pagar la luz y decidió utilizarlo en otro propósito. Para demostrarlo sería necesario revisar la ejecución presupuestal de cada hospital, sus apropiaciones para servicios públicos, facturación, pagos, cuentas pendientes y antigüedad de la cartera.

Lo que sí deja planteado es un interrogante de administración pública: si la energía es un gasto permanente, indispensable y previsible, ¿por qué las obligaciones de estas instituciones llegaron a $9.572 millones?

La Procuraduría advierte sobre las deudas oficiales

El caso toma mayor relevancia después de las advertencias de la Procuraduría General de la Nación frente a las obligaciones por energía de entidades públicas.

El procurador general, Gregorio Eljach, ha llamado a alcaldías y entidades oficiales a ponerse al día y ha advertido sobre posibles actuaciones disciplinarias frente al incumplimiento de estas obligaciones.

El mensaje también alcanza a los hospitales públicos: tener protección constitucional frente a una suspensión que pueda afectar a los pacientes no elimina la responsabilidad administrativa y presupuestal de pagar el servicio consumido.

Air-e asegura que entrega energía que después no logra cobrar

La cartera hospitalaria aparece, además, en medio de la crisis financiera que atraviesa Air-e, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

En entrevista con Opinión Caribe, Luis Guillermo Rubio Romero, gerente territorial de Air-e para el Magdalena, sostuvo que una de las dificultades centrales de la compañía está precisamente en recuperar el dinero correspondiente a la energía que compra y posteriormente suministra.

Rubio explicó que dentro del valor pagado por los usuarios están incorporados distintos componentes de la cadena eléctrica y que Air-e debe atender compromisos relacionados con generación, transmisión y distribución.

Según las cifras entregadas por el gerente, alrededor del 33 % de la energía que compra Air-e se pierde, mayoritariamente por fraude, mientras cerca del 30 % de los usuarios no paga. Rubio sostuvo que, bajo esas condiciones, el recaudo termina siendo inferior al 40 % de la energía comprada. Estas cifras operan sobre universos distintos y no son directamente sumables, pero según el gerente se combinan para explicar el deterioro del recaudo.

También afirmó que dentro de la estructura tarifaria existe un reconocimiento por pérdidas técnicas y no técnicas cercano al 11 %, pero considera que resulta insuficiente frente a las pérdidas reales y al porcentaje de usuarios que no pagan.

De acuerdo con Rubio, parte del estrés financiero de la compañía se explica precisamente porque se trata de energía que Air-e compra, suministra y posteriormente no consigue recaudar.

Es en ese escenario donde los $9.572 millones atribuidos a los hospitales adquieren otra dimensión.

Puebloviejo: un problema mucho mayor

Pueblo Viejo muestra las dos caras del problema.

Rubio afirmó que el municipio acumula, en términos generales, más de $140.000 millones de deuda con Air-e, mientras la compañía factura alrededor de $2.500 millones mensuales en el casco urbano y corregimientos atendidos en esa zona. Según el gerente, el recaudo allí alcanza apenas el 1,6 %.

Ese valor no corresponde exclusivamente al hospital y no debe confundirse con su obligación particular.

En el cuadro de hospitales conocido por Opinión Caribe, Puebloviejo aparece con una deuda específica de $564.838.963.

Son dos universos distintos, pero revelan hasta dónde llega el problema del recaudo en ese territorio. Air-e atiende, según Rubio, 19 municipios del Magdalena y más de 300.000 usuarios.

Ciénaga concentra casi la mitad

Entre todos los casos, Ciénaga exige una explicación particular.

Los $4.695.470.440 registrados representan aproximadamente el 49,1 % de toda la cartera hospitalaria contenida en el documento.

Ciénaga no es simplemente el mayor deudor: por sí sola concentra prácticamente la mitad de toda la deuda reportada.

Será necesario establecer desde cuándo se originó esa obligación, cuánto corresponde al consumo acumulado y otros conceptos facturados, cuánto paga mensualmente el hospital, si existen acuerdos vigentes con Air-e y qué apropiaciones presupuestales realizó la ESE durante los años en que creció la cartera.

Las mismas preguntas aplican para el resto de las instituciones.

La existencia de mecanismos presupuestales y fuentes de financiación no demuestra por sí sola que cada hospital tuviera disponibles los recursos necesarios para cancelar de inmediato la totalidad de sus obligaciones. Pero sí obliga a revisar cómo se administró un gasto básico, previsible y esencial para la prestación del servicio.

La paradoja queda planteada: los hospitales necesitan electricidad las 24 horas para proteger vidas, y la Constitución impide que una deuda se convierta en un corte capaz de poner en riesgo a los pacientes. Pero esa protección no elimina la obligación de pagar.

Por eso, la discusión no es si debe apagarse un hospital.

La discusión es quién debía presupuestar, administrar y pagar esos consumos; desde cuándo se dejó crecer la cartera; qué hicieron las gerencias para evitarlo y cómo se recuperarán los $9.572.127.027 que hoy aparecen pendientes.