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Denuncias

Más de 1.300 capturados ¿Dónde purgarán sus penas?

Opinión Caribe

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El hacinamiento y las condiciones infrahumanas en la que se encuentran los internos del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad ‘Rodrigo Bastidas’ de Santa Marta desde hace varios años, obligaron al Inpec a tomar la decisión de no recibir más reclusos.

El estado en el que permanecen los internos vulnera los derechos fundamentales de esta población, teniendo en cuenta que la situación afrontada atenta contra la dignidad humana.

El problema de sobrecupo en la cárcel de Santa Marta es alarmante. Esta infraestructura tiene capacidad para recibir a 317 personas y en la actualidad se estima que hay alrededor de 1.500. Y aunque el entorno es complejo en Santa Marta, la crisis también se sufre en el Departamento.

Este hacinamiento se convierte en un problema social delicado, pues de acuerdo con lo manifestado por las autoridades, en lo que va del presente año se han incrementado las capturas por diferentes delitos, tanto en el Distrito como en el resto del Magdalena.

A la fecha, han sido detenidas 1.325 personas. Algunos de ellas se encuentran recluidas en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, a la espera de que sea definida su situación judicial, pero, es evidente que la sede no está habilitada para que permanezcan allí por mucho tiempo.

SITUACIÓN ACTUAL

El defensor Regional del Pueblo, Albeis Fuentes Pimienta, explicó que la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ de Santa Marta tiene un sobrecupo del 480%. “El grave hacinamiento carcelario no obedece al número de condenados, casi 500, sino a los 1.000 internos objeto de judicialización, es decir, los que están pendientes de resolverla en los estrados judiciales.

Varias son las causas asociadas con esa demora, me refiero a los problemas administrativos por los cuales atraviesa el Inpec, por ejemplo, que no cuentan con el número suficiente de vehículos para trasladar a los internos para que concurran a las audiencias en donde se les va a juzgar, escuchar descargos o a dictar sentencias; eso requiere una intervención pronta y efectiva del Estado y lo hemos venido haciendo por parte de la Defensoría del Pueblo a través de acciones legales y el seguimiento a la política pública penitenciaria y carcelaria desde hace algunos años”.

Se ha dicho en varias oportunidades que la solución estructural a este problema es la construcción de un nuevo centro carcelario, que estaría ubicado en el municipio de Sabanas de San Ángel.

“Es una situación bastante delicada; un cúmulo de cosas que vulnera la dignidad humana, la salud, entre otros. Ha llegado a un punto en que no le cabe un interno más a la cárcel distrital”, sostuvo.

Por otro lado, el representante de la agencia del Ministerio Público señaló, que en la cárcel del municipio de El Banco hay un 170% de hacinamiento. “Esta cifra es menos alarmante que la de Santa Marta, pero igual de preocupante, porque se trata de un establecimiento de mínima seguridad, que recibe personas peligrosas que deberían estar recluidas en otro lugar”.

Frente a esto, la Defensoría trabaja a través de sus abogados para que se obtengan beneficios administrativos y judiciales; y desde el área penal obtengan sus libertades, además de brindar una estrategia de defensa oportuna a las personas que lo requieran.

BALANCE EN SANTA MARTA Y CIÉNAGA

De acuerdo con las estadísticas oficiales, OPINIÓN CARIBE conoció que, durante el 2016 hasta el 21 de marzo del presente año, en la jurisdicción de la Metropolitana de Santa Marta que comprende el Distrito, Ciénaga y Sitionuevo, la Policía capturó a 4.691 personas por diferentes delitos.

En el 2016 se hicieron 3.768 detenciones. Entre los delitos más frecuentes se encuentra el hurto a personas con 600 personas capturadas; 631 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 237 por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; 315 por violencia intrafamiliar; 278 por lesiones personales; 138 por uso de documento falso; 163 por hurto a entidades comerciales; 181 por daño en bien ajeno; 131 por violencia contra servidor público;100 por lesiones personales.

De igual manera se destacan las capturas por delitos como cohecho por dar u ofrecer favorecimiento de contrabando de hidrocarburos, hurto a residencias, extorsión, invasión de tierras o edificaciones, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, concierto para delinquir, actos sexuales con menor de 14 años, homicidio, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, entre otros.

En lo que va de 2017, la Policía ha capturado a 923 personas que afectaban la tranquilidad de los ciudadanos. Entre estos resultados se destaca la detención de 163 ciudadanos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 167 por hurto a personas; 88 por violencia intrafamiliar; 77 por lesiones personales; 38 por uso de documento falso; 44 por ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables; 23 por receptación; 41 por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; 29 por violencia contra servidor público; 13 por homicidio, entre otras.

EN EL RESTO DEL MAGDALENA

Por otro lado, los resultados operativos en cuanto a capturas también destacan la efectividad y compromiso de las autoridades en su lucha contra la delincuencia en los diferentes municipios del Departamento. En el mismo periodo entre 2016 y 2017, la Policía del Magdalena realizó 1.871 capturas.

Es importante mencionar que el Departamento tiene priorizados cinco delitos que son: porte de armas, tráfico de estupefacientes, ilícito aprovechamiento de recursos renovables, explotación ilícita de yacimiento minero y receptación. Sin embargo, también hay resultados importantes frente a los delitos de mayor impacto como el homicidio y abigeato.

Durante el 2016 se destacan 275 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 185 por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; 128 por el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables; 67 por explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; 64 por receptación; 60 por hurto a personas, entre otras.

Mientras en los primeros meses del año, se lograron 402 capturas, entre las que se encuentran 165 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 51 por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; 21 por fraude a resolución judicial o administrativa de policía; 20 por perturbación de certamen democrático y demás.

NO DEJARÁN DE CAPTURAR

La coronela Sandra Vallejos Delgado, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, sostuvo que a pesar de que no reciben internos en la cárcel distrital, no pueden disminuir su labor operativa en su lucha contra la delincuencia.

“No podemos dejar de capturar, nuestra obligación es perseguir el delito y nos mantendremos en esa posición; sin embargo, sabemos del riesgo que estamos asumiendo, por lo cual incrementé las medidas de seguridad en la URI”, indicó la oficial.

El promedio de capturas diarias por parte de las autoridades de 15 a 20; unas 400 capturas al mes. “Hemos atacado el microtráfico como resultado de allanamientos y capturas de personas que se dedican al tráfico, fabricación de estupefacientes, así como incautaciones de armas de fuego ilegales con fines de generar hurtos y afectaciones a la seguridad ciudadana; también estamos mirando mucho la receptación. Hemos hecho un trabajo con Fiscalía General de la Nación, microfocalizando esos sitios críticos y revisando las estructuras de delincuencia organizada que se dedican a estas modalidades. En estos momentos van a hacer una intervención conjunta con CTI para detectar las motos hurtadas, porque muchas personas simplemente cambian las placas; vamos a llegar a los sitios adonde están llevando las autopartes, se van a dar allanamientos constantes”, anotó la coronela Vallejos.

LA URI NO DA MÁS

Las personas capturadas son trasladadas a la Unidad de Reacción Inmediata, URI. El cupo en este sitio también se excedió, por lo que ya se habla de hacinamiento. El miércoles 22 de marzo se presentaron desmanes por parte de los detenidos, quienes exigían el suministro de agua, por lo que fue necesaria la intervención de varias patrullas de la Policía e incluso, del Escuadrón Móvil Antidisturbios.“A las 11:00 de la noche del miércoles, se produce una protesta por falta de agua en la URI; de inmediato me llamaron y se les puso el agua, se les solucionó la problemática”, explicó la oficial.

EL PROBLEMA NO ES DE AHORA

El magistrado Carlos Milton Fonseca, quien ejerce como Presidente del Tribunal Superior del Tribunal, señaló a OPINIÓN CARIBE, que en la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ se presenta hacinamiento desde hace muchos años, problema que no solo se vive en esta ciudad, sino en todas las cárceles del país.

“El hacinamiento sobrepasa el 300%, que trae consigo la vulneración de los derechos humanos de los internos, situaciones por las cuales la Corte Constitucional ha declarado que existe un estado de cosas inconstitucional, porque se violan los derechos fundamentales, los derechos consubstanciales al hecho de ser humano, derechos inherentes a los individuos”, explicó.

De igual manera, el Magistrado aseguró, que la negación de ciertos beneficios a los reclusos se ve reflejado en el hacinamiento carcelario y que, si el sistema continúa de esta forma, es imprescindible la construcción de nuevos centros penitenciarios que cumplan con las condiciones para evitar la vulneración de los derechos de esta población.

“Hay beneficios y derechos, pero, para algunos delitos no hay ningún beneficio. La redención de penas por trabajo y estudio es uno de los derechos de los internos, pero a raíz de la criminalización de conductas, se da la prohibición de beneficios por ciertos delitos por la política criminal coyuntural de parte del Estado. Esto trae como consecuencia que haya una superpoblación carcelaria, como, por ejemplo, negar la detención domiciliaria, lo que quiere decir que la persona va a estar en la cárcel antes de ser condenada, esto implica superpoblación; si se niegan beneficios como la rebaja de penas por ciertos delitos, también se incide en el sobrecupo del centro penitenciario. Si vamos a criminalizar conductas, si vamos a quitar beneficios, es fundamental construir más cárceles, pero, respetando los derechos fundamentales de salud y de una vida digna”, afirmó.

Así mismo, el funcionario judicial señaló, que “los jueces no pueden estar limitados por la situación carcelaria, porque esta le corresponde al Ministerio de Justicia, al Inpec. Al juez le toca aplicar la ley tal como lo ha denunciado el legislador y como lo ha querido la comunidad a medida que se han presentado variaciones en cuanto a quitar beneficios y medidas de aseguramiento que no sea directamente la privación de la libertad; por tanto, no se puede culpar a los jueces por los hacinamientos que se han dado en las cárceles colombianas”.

No obstante, “se dan situaciones atribuibles a los jueces, sobre todo, si hay demora en la realización de las diferentes audiencias para definirle su sentencia en pro o en contra del procesado”.

SIN RESPUESTA SOBRE LA REUBICACIÓN DE LA CÁRCEL

El secretario de Planeación del Distrito, Francisco García Rentería, le explicó OPINIÓN CARIBE, que la ciudad sufre los impactos por el uso inadecuado del suelo, así que es el momento de avanzar en el proceso de relocalización de infraestructuras como la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’.

“Hace mucho tiempo, desde su Plan de Ordenamiento Territorial, la ciudad definió que esta instalación tiene un uso urbanístico inadecuado, no debería estar ubicada en una zona residencial, porque esto les genera problemas a los habitantes de la zona y también para la población carcelaria. Por fortuna, el Gobierno Nacional tiene unos trámites adelantados para tratar de relocalizar la cárcel”, explicó el funcionario.

La propuesta del traslado del centro carcelario a un municipio del Magdalena sigue en pie, según el funcionario distrital, este proyecto tiene asegurado unos recursos importantes por parte del Gobierno Nacional, en este momento se encuentra en fase de concertación de los diseños.

ALGUNAS PROPUESTAS

La Comandante de la Policía declaró, que “una de las tareas de los organismos que tienen que ver con la judicialización se encuentra una reunión con el director de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ para concertar algunas estrategias que permitan mitigar la crisis.

Las autoridades se reunirán con el nuevo director de la cárcel para escuchar sus propuestas. Esta es una situación delicada, es fundamental llevarla a nivel nacional para que el Inpec resuelva fácilmente qué va a hacer para descongestionar la cárcel.

Estoy pidiendo a las autoridades administrativas que me ayuden con las reuniones; así mismo, le he pedido al Defensor Regional del Pueblo que intervenga para que la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ vuelva a abrir sus puertas. Sé que tengo una afectación en la URI, porque no le caben más capturados, pero si la gente y la administración me exigen operativos, tenemos unos históricos bastante importantes de efectividad, lo que necesito es que me los reciban para que se aplique la justicia y que las decisiones de nuestros fiscales no estén condicionadas porque no hay un lugar donde trasladarlos.

El traslado de reclusos condenados sería una alternativa para descongestionar el establecimiento carcelario. Hay operaciones importantes que en una sola diligencia dan 18 capturados o más, pero, ¿qué va a pasar cuando se hagan esas aprehensiones?, no podemos parar el proceso de judicialización, ni las órdenes emitidas por los fiscales.

Entiendo la situación de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’, hay sobrecupo, pero necesito que me lo resuelvan, porque esto va a afectar la seguridad y convivencia ciudadanas, si estas personas retornan a las calles los delitos no van a dejar de cometerse”.

BENEFICIOS PARA LOS INTERNOS

La Ley 1709 de 2013 contempla cuatro beneficios para los internos: prisión domiciliaria, suspensión de la pena, libertad condicional y prisión domiciliaria especial. Con esto, favorecerían con detención domiciliaria a los internos cuya sentencia corresponda a una pena menor o igual a ocho años, que tengan arraigo familiar en el sitio donde pretenden hacer efectivo su derecho a este beneficio; que paguen la caución respectiva y que no estén inmersos en la exclusión estipulada en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000.

La obtención de beneficios administrativos permitiría solucionar temporalmente la situación de hacinamiento en la cárcel de Santa Marta. Para ello se hace necesaria la participación de los juzgados de descongestión, los cuales les darán prioridad a los internos que ya cumplieron su pena.

 

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