Un alcalde que ponga los sueños de Santa Marta en fase 3

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Cuando una familia tiene que organizar su día alrededor de la llegada del agua, el atraso deja de ser una cifra. Se vuelve tiempo perdido, gasto adicional y una preocupación que atraviesa la vida entera. Mientras otras ciudades buscan nuevas oportunidades, aquí demasiados habitantes siguen peleando por condiciones básicas para vivir y trabajar.

Esa contradicción debe entrar en la discusión de 2027. Santa Marta tiene el manojo de bahías más hermoso de Colombia, la majestad de la Sierra Nevada y una riqueza natural, cultural e histórica extraordinaria. Sus habitantes tienen derecho a que esa fortuna territorial se traduzca en bienestar. La dimensión de la ciudad debe convertirse en la medida con la que examinemos a sus candidatos.

El rezago no apareció de un día para otro. En cinco siglos se han acumulado oportunidades desaprovechadas, decisiones aplazadas y deudas con la población. La corrupción ha contribuido al atraso al desviar recursos y someter prioridades públicas a intereses particulares. Esa historia exige responsabilidades. También exige un liderazgo capaz de retar el destino y conquistar los sueños que quedaron en el camino.

Esta convocatoria recoge años de trabajo periodístico de Opinión Caribe. Nuestro archivo conserva el seguimiento a las concesiones en 2015, al aeropuerto y la ESAP en 2017, y al debate sobre traslados de equipamientos en 2020. Esa trayectoria continúa en las investigaciones ambientales, las denuncias sobre extorsión y la agenda territorial presentada en agosto de 2026. El trabajo de los reporteros y las columnas de esta casa editorial confluyen aquí en una misma exigencia: que Santa Marta pueda gobernar su territorio y convertir sus posibilidades en bienestar. Los antecedentes consultados quedan identificados al final.[A1–A12]

Los sueños de Santa Marta en fase 3

Necesitamos un alcalde que ponga esos sueños en fase 3: proyectos estudiados, viables y con una ruta real para ejecutarse. Estudios y diseños suficientes, claridad sobre el suelo, costos sustentados y autorizaciones cuando correspondan. Cada iniciativa debe identificar responsables, financiación y condiciones para funcionar después de construida.

El próximo alcalde tendrá que organizar un equipo que lleve las propuestas hasta ese punto de madurez. Llegar preparado a una convocatoria, negociar una cofinanciación y resolver los obstáculos de una obra son capacidades que debemos exigir. La ciudad necesita aprovechar las oportunidades cuando se presentan.

Antes de acomodarnos alrededor de los nombres, definamos las pruebas que debe ofrecer quien aspire a gobernarnos. Ese es el propósito de esta convocatoria: que cada elector pueda examinar, comparar y exigir antes de comprometer su voto.

Un liderazgo que pueda demostrar lo que promete

Todos los aspirantes pueden proclamarse honestos, sensibles y buenos gestores. El ciudadano necesita comprobar esas cualidades. Quien ofrezca capacidad ejecutiva debe explicar qué ha dirigido, qué resultados alcanzó y cómo resolvió las dificultades. La experiencia puede venir de distintos ámbitos; su valor está en lo que permite acreditar sobre responsabilidad, dirección y cumplimiento.

Quien prometa visión de ciudad debe presentar prioridades relacionadas entre sí, reconocer sus costos y distinguir qué puede ejecutar el Distrito de aquello que requiere acuerdos con otras instituciones. Una lista de obras sin secuencia, recursos ni responsables deja intacta la pregunta sobre su capacidad para gobernar.

También debemos examinar cómo escogerá a sus colaboradores. El alcalde necesita personas competentes, con experiencia pertinente y autonomía para resolver. Debe poder explicar qué criterios utilizará, cómo evaluará su desempeño y qué límites pondrá a las exigencias de puestos de sus aliados. La calidad del equipo anuncia la calidad del gobierno.

Su liderazgo debe convocar a los sectores de la producción alrededor de acuerdos públicos. Turismo, actividad portuaria, comercio, construcción y universidades necesitan una conversación que incorpore al pequeño empresario y a la economía popular. El alcalde tendrá que tramitar intereses legítimos, resolver conflictos y sostener decisiones cuando no consiga unanimidad.

Esa autoridad exige firmeza frente a quienes pretendan apropiarse del presupuesto, el suelo o el espacio público. Habrá decisiones impopulares y aliados inconformes. Necesitamos conocer la disposición del aspirante para poner límites, explicar sus razones y asumir el costo político de defender el interés general.

La capacidad de gobernar debe dejar una administración que funcione, equipos que conserven conocimiento y proyectos que puedan continuar. La transformación de Santa Marta excede un mandato. Por eso importa tanto la obra terminada como la institución que queda en condiciones de sostenerla.

Puentes con la Nación y una ciudad capaz de competir

Una parte decisiva de la agenda territorial involucra competencias e infraestructuras nacionales. Necesitamos un alcalde que sepa interlocutar con la Presidencia, los ministerios y las entidades responsables, y que llegue con expedientes completos. Las reuniones deben producir decisiones documentadas, tareas con responsables y pasos verificables hacia la financiación.

Santa Marta debe defender su agenda ante gobiernos de cualquier orientación política. El alcalde tendrá que tramitar diferencias sin condenar a sus habitantes al aislamiento y conservar autonomía para exigir respuestas. Esos puentes deben extenderse a la Gobernación y a los municipios vecinos: agua, movilidad, logística y protección ambiental requieren cooperación territorial.

Las ciudades compiten con ciudades. Compiten por una empresa que busca dónde instalarse, por una inversión hotelera y por la familia que decide dónde pasar el próximo puente festivo. Cambian la escala y el presupuesto, pero la pregunta persiste: ¿por qué escoger Santa Marta? El gobernante debe entender qué examina cada uno y trabajar para que encuentre razones para llegar y permanecer.

El inversionista evalúa servicios, seguridad, reglas urbanísticas y talento disponible. El visitante considera conectividad, precios, limpieza, movilidad y trato. Las familias que piensan radicarse miran también vivienda, educación y calidad de vida. La reputación de la ciudad se construye en esas experiencias cotidianas.

La cercanía entre mar y montaña, los ecosistemas de la Sierra Nevada y la riqueza cultural e histórica nos ofrecen una combinación extraordinaria frente a los destinos de la cuenca del Caribe. La naturaleza invita a protegerla y nos conecta con posibilidades de investigación, conocimiento y turismo. Las comunidades y sus saberes deben participar en esa visión.

Convertir esas ventajas comparativas en ventajas competitivas exige buen gobierno. El paisaje necesita protección, los proyectos requieren servicios y las oportunidades deben traducirse en empleo, formación y compras locales. El alcalde debe poder explicar cuánto valor quedará en Santa Marta y cómo podrán participar sus habitantes.

También tendrá que decidir qué inversiones convienen, dónde y bajo qué condiciones. La ciudad necesita proteger sus cuencas, sus playas y el acceso público al litoral. Atraer capital comprometiendo aquello que nos hace únicos destruiría la ventaja que queremos aprovechar.

La protección ambiental también tiene antecedentes en nuestro trabajo. José D. Pacheco Martínez publicó en Opinión Caribe la investigación sobre Lagos del Dulcino el 16 de octubre de 2024. Desde la dirección retomamos el caso en noviembre de 2026 para reclamar respuestas sobre los oficios enviados. La exigencia de proteger los ecosistemas surge de ese seguimiento a intervenciones concretas y a la actuación de las autoridades.[A6, A11]

Una agenda territorial con decisiones y responsables

La agenda nacional de Opinión Caribe permite poner a prueba ese perfil. Integración metropolitana, alternativas aeroportuarias, transformación de Pozos Colorados, reorganización ferroviaria, apertura de Playa Lipe, traslado de la cárcel Rodrigo de Bastidas y solución para la sede inconclusa de la ESAP son propuestas que demandan capacidad política y técnica. Los candidatos deben pronunciarse sobre ellas y sustentar sus prioridades.

El archivo permite reconocer esa continuidad. El 21 de junio de 2017, «‘Embolatada’ ampliación de la pista» ya recogía el debate sobre un aeropuerto en Ciénaga o Zona Bananera y contrastaba explicaciones sobre su financiación. En julio de 2020 registramos las propuestas de relocalización del Batallón Córdova y Ecopetrol dentro de la discusión del POT. La agenda del 5 de agosto de 2026 reunió estas piezas con el ferrocarril, la cárcel y la ESAP en una visión de ciudad.[A2, A5, A8]

Estudiar otro aeropuerto exige compararlo con las alternativas del actual, resolver accesos y prever el destino del suelo que eventualmente se libere. La integración metropolitana debe explicar beneficios y cargas para Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera y Puebloviejo, según las alternativas que se estudien. Cada municipio necesita razones propias para participar.

Pozos Colorados requiere claridad sobre propiedad, restricciones y beneficio colectivo. La reorganización ferroviaria debe preservar la conexión logística y estudiar cómo reconectar barrios. La apertura de Playa Lipe exige concertación con Defensa y garantías de acceso público. El traslado de la cárcel y la solución de la ESAP deben seguirse hasta que las instalaciones sustitutas o recuperadas presten efectivamente el servicio.

El alcalde debe conducir estas iniciativas mediante un banco de proyectos actualizado, recursos para estructuración y seguimiento de los compromisos. También tendrá que aceptar que un estudio puede obligar a modificar o descartar una alternativa. Llevar los sueños a fase 3 exige sostenerlos con evidencia y resolver sus condiciones de ejecución.

Las operaciones sobre suelo público deben mostrar cómo se distribuyen sus beneficios. Vivienda, espacio público, conexiones entre barrios y protección de las comunidades tienen que definirse antes de comprometer los terrenos. Los habitantes deben poder conocer qué recibe Santa Marta, qué aporta cada participante y quién asume los riesgos.

Cada aspirante debe decir cuáles proyectos puede materializar durante su mandato, cuáles dejará maduros y qué decisiones necesita de terceros. Esa distinción permitirá exigirle por sus responsabilidades y comprobar si está construyendo continuidad o acumulando anuncios.

Servicios públicos para vivir y producir

Sanear y actualizar los servicios públicos domiciliarios es una deuda histórica que quienes han gobernado no han saldado. El próximo alcalde debe asumir el liderazgo de una agenda de agua potable, alcantarillado y aseo, y coordinar con los responsables de los demás servicios. Los compromisos necesitan metas por territorio, inversiones identificadas y seguimiento público.

En 2015 examinamos las concesiones y el servicio de Metroagua; aquel balance remitía a publicaciones del medio de 2012 y 2013. En septiembre de 2026 volvimos sobre la relación entre agua, saneamiento y competitividad, al abordar las afectaciones del aeropuerto y del corredor de Irotama. La deuda atraviesa administraciones y permanece en nuestra agenda.[A1, A9]

La agenda debe ser de productividad, pero nuestras comunidades tienen que distraer tiempo y esfuerzo en conquistar condiciones básicas superadas en otros lugares. Conseguir agua, reclamar una reparación o convivir con un rebosamiento consume horas, ingresos y salud. Esa energía podría dedicarse a estudiar, trabajar, emprender o compartir en familia.

El rezago también encarece la operación de los negocios y limita la capacidad de recibir visitantes. Resolverlo requiere revisar redes, mantenimiento y pérdidas, acordar inversiones con los prestadores y examinar cómo se sostendrán las soluciones. La ciudad debe explicar cómo atenderá a los habitantes actuales y a quienes llegarán con su crecimiento.

La interlocución social debe tener consecuencias sobre esas prioridades. Necesitamos un alcalde presente en barrios y corregimientos, con canales de atención que permitan seguir las solicitudes y una participación capaz de modificar decisiones. Escuchar debe servir para corregir lo que una oficina no alcanza a ver.

La seguridad exige proteger la vida y la libertad de trabajar. El alcalde debe coordinar a las autoridades competentes, apoyar la prevención y facilitar la denuncia con protección a las víctimas. Donde alguien tenga que pedir permiso o pagar una extorsión para ganarse el sustento, la respuesta institucional debe ocupar el centro de la agenda.

El elector necesita preguntar qué mejorará en su vida durante el primer año y cómo podrá comprobarlo. Continuidad y calidad de los servicios, atención a los reclamos y acceso a las soluciones son resultados que permiten seguir la gestión. Las grandes transformaciones deben avanzar al tiempo que se atienden las necesidades que no pueden esperar.

Romper el maridaje entre corrupción política y poder criminal

Santa Marta necesita un alcalde capaz de enfrentar el poder criminal y romper cualquier vínculo que lo conecte con la administración pública. La corrupción que debemos combatir alcanza una dimensión mayor cuando las estructuras armadas pretenden decidir quién trabaja, quién paga y quién puede hablar. La disputa por el gobierno incluye recuperar la autoridad sobre territorios y actividades sometidos a la intimidación.

Vivimos bajo el imperio de la extorsión allí donde trabajar obliga a pagarle al crimen. La Procuraduría advirtió el 27 de mayo de 2025 que la disputa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada estaba acompañada de exigencias económicas y amenazas contra comerciantes, docentes, vendedores ambulantes y otros sectores. También alertó sobre normas de conducta impuestas por esos grupos. Es una advertencia institucional sobre el sometimiento de la vida cotidiana.[1]

Los homicidios destruyen familias y la extorsión castiga al ciudadano de a pie, consume el ingreso del pequeño negocio y vuelve peligroso denunciar. Ese dominio también aleja al inversionista: quien estudia traer una empresa necesita confiar en que podrá operar bajo la ley y acudir a una autoridad que lo proteja. La seguridad y la libertad de trabajar son condiciones para cualquier proyecto de productividad.

La expresión «las torres del corone» tiene aquí un sentido de denuncia: señala el maridaje entre corrupción política, impunidad y poder criminal que exigimos investigar y desmantelar. La pregunta alcanza a quienes facilitan, financian, encubren o aprovechan ese dominio. Hay que establecer quién recibe beneficios, quién consigue protección y qué decisiones públicas terminan sirviendo a los intereses de los violentos.

Esta denuncia tiene una trayectoria en el medio. En 2017 publicamos sobre extorsiones al comercio; en enero de 2025, Arnol Sarmiento documentó amenazas contra periodistas, incluidas las que recibí como director. Las columnas sobre las playas y El Rodadero de octubre y noviembre de 2026 continuaron examinando el control del trabajo y del territorio. La carta de 2009 reproducida en esta última publicación es un antecedente documental, publicado por nosotros en 2026.[A3, A7, A10, A12]

La representación de las comunidades exige defender su vida y su libertad frente a las estructuras armadas. Cuando una intervención política contribuya a justificar las presiones del crimen o a obstaculizar las operaciones legales contra su expansión, corresponde exigir explicaciones y examinar sus intereses. Si existen pagos, pactos o sociedades criminales, deben investigarse y sus responsables responder ante la justicia. Invocar a la comunidad no puede servir de coartada para preservar el control de quienes la extorsionan.

Desde Opinión Caribe celebramos y respaldamos la decisión del presidente de enfrentar a quienes asesinan, extorsionan e intimidan, y de hacer prevalecer la autoridad legítima del Estado.[2] Ese respaldo exige operaciones dentro de la ley, protección efectiva a la población y resultados que se sostengan. Recuperar la autoridad incluye proteger al denunciante y llevar ante la justicia a los beneficiarios y colaboradores del poder criminal.

El próximo alcalde debe llegar con libertad para actuar contra esas estructuras, incluso cuando la investigación alcance a sus aliados o financiadores. Necesitamos conocer sus aportantes, sus relaciones relevantes y los compromisos de su campaña. Quien llegue con el gobierno hipotecado tendrá comprometida su capacidad de enfrentarlas. Santa Marta debe examinar esa independencia antes de entregar el voto.

La exigencia debe traducirse en coordinación con la Fuerza Pública y la Fiscalía, apoyo a las víctimas y vigilancia de la contratación y de las decisiones sobre el suelo. Cada ciudadano debe poder reclamar, trabajar y participar sin pedir autorización a un poder armado. La prueba del alcalde será recuperar esa libertad y sostener la autoridad pública donde el miedo pretende gobernar.

Cinco preguntas antes de entregar el voto

Propongo que los ciudadanos formulemos las mismas cinco preguntas a todos los aspirantes y comparemos sus respuestas. Deben contestarlas con hechos y compromisos que puedan examinarse después de la elección.

1. ¿Qué resultados demuestran que usted puede dirigir Santa Marta?

Qué ha administrado, qué dificultades resolvió y qué decisiones acreditan capacidad, integridad y firmeza.

2. ¿Cuáles son sus cinco prioridades y qué cambiará durante el primer año?

Metas verificables, territorios beneficiados y responsables. Debe explicar cómo atenderá la deuda en servicios públicos.

3. ¿Qué proyectos llevará a fase 3 y cómo conseguirá materializarlos?

Estudios pendientes, costos sustentados, fuentes posibles y decisiones que gestionará ante la Nación u otras entidades.

4. ¿Quién financia su campaña y qué compromisos adquiere?

Aportantes, intereses, alianzas y relaciones relevantes que permitan examinar su autonomía frente a la corrupción y al poder criminal.

5. ¿Cómo escogerá su equipo y cómo podremos vigilarlo?

Criterios de selección, publicación de compromisos y avances, control de la contratación y respuestas ante el incumplimiento.

Antes de adherir a una candidatura, pide esas respuestas. Contrástalas con su trayectoria, compáralas con las de los demás y discútelas en tu barrio, tu lugar de trabajo y tu familia. Guarda los compromisos: después de votar tendrás con qué exigir.

Santa Marta busca alcalde. Esta convocatoria lleva la memoria de lo que hemos investigado, denunciado y propuesto durante años. Alguien debe ser capaz de retar el destino y poner los sueños de la ciudad en fase 3. Empieza por exigirle pruebas a quien te pida el voto. La dimensión de Santa Marta debe ser la medida de tu elección.

Base editorial: La agenda nacional para Santa Marta, Opinión Caribe, agosto de 2026. Las intervenciones territoriales se presentan como propuestas sujetas a estudios y decisiones de las autoridades competentes.

[1] Procuraduría General de la Nación. Boletín 494, 27 de mayo de 2025. Procuraduría alerta por crisis de seguridad en Magdalena. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-alerta-crisis-seguridad-magdalena.aspx

[2] Presidencia de la República. 1 de octubre de 2026. Operación en Magdalena deja 10 capturados vinculados al Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Operacion-en-Magdalena-deja-10-capturados-vinculados-al-Clan-del-Golfo-261001.aspx

Antecedentes del archivo de Opinión Caribe

Selección de doce publicaciones consultadas para documentar la trayectoria de esta propuesta. Se identifica la firma cuando el artículo la presenta; en los demás casos se acredita al medio.

[A1] 6 de octubre de 2015 · El panorama actual de las concesiones en Santa Marta

Crédito: Opinión Caribe. Balance sobre concesiones, recursos y servicios; remite expresamente a coberturas del medio de 2012 y 2013.

[A2] 21 de junio de 2017 · ‘Embolatada’ ampliación de la pista

Crédito: Opinión Caribe. Recoge alternativas aeroportuarias en Ciénaga y Zona Bananera, y contrasta explicaciones sobre financiación y gestión nacional.

[A3] 23 de agosto de 2017 · Una oficial operativa y social

Crédito: Opinión Caribe. Cobertura de homicidios, amenazas y extorsiones al comercio; incluye un balance de la respuesta policial.

[A4] 4 de octubre de 2017 · Sede de la Esap, una ‘vaca lechera’

Crédito: Opinión Caribe. Seguimiento a la sede inconclusa, las actuaciones fiscales y los reclamos de la veeduría estudiantil.

[A5] 31 de julio de 2020 · Traslados del Batallón Córdova, Postobón y Ecopetrol serán un hecho

Crédito: Opinión Caribe. Registra propuestas y posiciones en el debate del POT. El título histórico no acredita que los traslados se ejecutaran.

[A6] 16 de octubre de 2024 · ¿Ecocidio en Lagos del Dulcino? ¿incompetencia, indiferencia o complicidad de las autoridades?

Crédito: José D. Pacheco Martínez. Investigación de terreno sobre rellenos, intervenciones y permisos en el entorno del humedal; reclama control ambiental y urbano.

Continuidad de la agenda periodística

[A7] 22 de enero de 2025 · No hay garantías para el oficio periodístico en Santa Marta

Crédito: Arnol Sarmiento. Documenta amenazas a periodistas y recoge el caso del director de Opinión Caribe tras denuncias sobre actividades en El Rodadero.

[A8] 5 de agosto de 2026 · Santa Marta no puede seguir esperando

Crédito: Opinión Caribe. Agenda sobre activos nacionales, integración metropolitana, aeropuerto, Pozos Colorados, ferrocarril, Playa Lipe, cárcel y ESAP.

[A9] 2 de septiembre de 2026 · Santa Marta se quedó sin agua hasta para enfriar el aeropuerto

Crédito: Víctor Rodríguez Fajardo. Conecta dos contingencias distintas de agua y saneamiento con la operación de infraestructura estratégica y la competitividad turística.

[A10] 31 de octubre de 2026 · La playa es de la Nación. ¿Quién cobra por dejar trabajar?

Crédito: Víctor Rodríguez Fajardo. Examina un documento atribuido a las ACSN y reclama investigar presiones sobre actividades turísticas y aprovechamiento de bienes públicos.

[A11] 4 de noviembre de 2026 · Lagos del Dulcino dos procuradores y más de dos años sin respuesta

Crédito: Víctor Rodríguez Fajardo. Retoma la investigación de 2024 y exige informar el trámite de los oficios enviados y los controles sobre el terreno.

[A12] 5 de noviembre de 2026 · El Rodadero diecisiete años pagando el miedo

Crédito: Víctor Rodríguez Fajardo. Publica una carta fechada en 2009 y examina denuncias de control territorial y extorsión. La publicación consultada corresponde a 2026.

Este archivo respalda la continuidad de la cobertura y la discusión pública de las propuestas. Las responsabilidades individuales señaladas en denuncias requieren la comprobación que corresponda; la antigüedad de una publicación no sustituye esa prueba.